Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que se tienen que extender por las principales ciudades de España llegan tarde y envueltas en mucha confusión y disparidad de criterios. Los 149 ayuntamientos que tienen que aplicar las ZBE se lo han tomado con calma ya que solo una veintena de ciudades han comenzado la tramitación de los cambios normativos. De forma paralela, el anuncio de las Zonas de Bajas Emisiones ya está condicionando el mercado automovilístico.
Retraso de las ZBE
Solo 20 de los 149 ayuntamientos (13%) que tendrán que implantar zonas de bajas emisiones en sus territorios en 2023 han "iniciado la presentación de sus medidas", según la información recopilada por la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval), que ha lamentado el retraso y la falta de información unificada.
La ley contra el cambio climático aprobada por el Gobierno central establecía que, a partir de 2023, todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que implementar Zonas de Bajas Emisiones para restringir el tráfico a los vehículos más contaminantes y más antiguos. Sin embargo, el desarrollo normativo de estas ZBE están sufriendo muchos contratiempos que están retrasando su implantación. Además, el año para la puesta en marcha de las medidas anti-coche coincide con las elecciones municipales, que se celebrarán el día 28 de mayo. Además de ser una medida impopular, su aplicación puede coincidir con un cambio en el gobierno municipal. De hecho, algunos municipios ya han adelantado que retrasarán la ZBE hasta 2024.
Disparidad de criterios
De momento, las ordenanzas de las ZBE que ya se conocen muestran criterios dispares en las restricciones a a la circulación de vehículos. Por ejemplo, mientras que en Ponferrada (León) se permite un número limitado de accesos anuales a los coches sin etiqueta y con distintivo B y C (ampliables si se pagan 25 euros). En cambio, el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que las restricciones afectarán al 17% de los vehículos matriculados en la ciudad que no cuentan con etiqueta y establecerá exenciones para residentes, vehículos con plaza de garaje, servicios públicos esenciales, vehículos de uso compartido y multiusuario y una moratoria para automovilistas con bajos ingresos.
Las discrepancias ya se pueden apreciar en las dos grandes ZBE existentes en España, la de Madrid y Barcelona. En Madrid solo pueden acceder al centro los vehículos con etiquetas Eco y Cero, mientras que en Barcelona el tráfico está vetado a turismos sin etiqueta aunque en una zona mucho más amplia. Los dos precedentes de Madrid y Barcelona han sufrido numerosos varapalos de la justicia española y también de la Unión Europea al considerarlas como ineficientes para reducir la contaminación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de condenar a España por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el incumplimiento "sistemático y continuado" de los límites de contaminación del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona entre 2010 y 2018, aunque la sentencia no acarrea multa por ser una primera condena sobre el caso.
Entra en vigor la restricción de tráfico en Madrid Central
Plataforma de las ZBE
Otra de las carencias para el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones es, según Aneval, la puesta en marcha de la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico (DGT) y que deberá recoger todas las ordenanzas municipales. "Tanto el 'rent a car', que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones", ha resaltado la asociación. Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una zona de bajas emisiones.
Peaje en las ciudades
Los ayuntamientos podrán cobrar un peaje a los vehículos que accedan a las ZBE, que tendrá que tener un precio similar al coste de aparcar en un párking público en ese mismo municipio. Así lo ha dispuesto el Gobierno en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros y ahora en trámite parlamentario con el objetivo de aprobarse definitivamente a lo largo de 2023.
Mapa de la Zona Bajas Emisiones (ZBE) / AJ. BARCELONA
Críticas de los municipios
No obstante, la creación de este nueva tasa es opcional y los ayuntamientos no estarán obligados a aplicarla. De hecho, los municipios ya se han opuesto al considerar que dar la opción de pago por contaminar más no es coherente con los objetivos de sostenibilidad que se persiguen. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha alegado en contra de esta tasa: "Las zonas de bajas emisiones pretenden adecuar la circulación de vehículos privados por motivos medioambientales, materia en la que no cabe el principio de que se puede contaminar, pero pagando".
Los municipios prefieren aplicar otras medidas como establecer moratorias horarias, de días o por episodios de contaminación atmosférica o una combinaciones de todas, prohibiendo la entrada a las ZBE excepto en ciertas ocasiones, pero sin tener que pagar. También argumentan que el establecimiento de la tasa por contaminar "generará a los alcaldes y a su gobierno una conflictividad social innecesaria". "La creación de nuevas tasas es una materia muy problemática porque conlleva un cierto grado de inseguridad jurídica", añaden en sus alegaciones.
Búsqueda de coches Eco
La supuesta proximidad de la extensión de las ZBE a 149 ciudades ha disparado las búsquedas de vehículos de kilómetro cero electrificados, según datos de Autocasión, el portal de vehículos de ocasión de Sumauto. Las búsquedas por parte de los usuarios de la plataforma se centran en vehículos Eco, "hasta el punto de que la búsqueda de híbridos y eléctricos de kilómetro cero se ha disparado en el último año" al pasar de representar el 28,6% al 51,8%. Según Sumauto, el hecho de que 149 ciudades españolas tengan que establecer zonas de bajas emisiones en su territorio ha incrementado el interés de los usuarios por los vehículos electrificados y también que se haya producido un "'sorpasso' histórico" en relación con el interés por los automóviles de combustión.
"Nuestro espíritu como máximo exponente del coche compartido es colaborar con las administraciones públicas para reducir el nivel de emisiones del parque móvil español, mejorar la calidad del aire de las ciudades y ayudar a descongestionar el tráfico de las urbes pero, siempre y cuando, las normativas sean coherentes, claras y de fácil acceso, y beneficien a todos los actores de la movilidad", ha recalcado el presidente de Aneval, Javier Díaz-Laviada.
