La nueva norma europea Euro 7 para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos ha encontrado la oposición de una alianza de varios países de la UE. De momento, ocho países comunitarios han mostrado su oposición frontal a la normativa Euo 7, que tiene que entrar en vigor en 2025. Esos ocho países podrían bloquear la nueva norma comunitaria.
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La propuesta de la Comisión Europea para dar otra vuelta de tuerca en la reducción del humo de los motores de gasolina y diésel en plena carrera hacia la electrificación ha recibido el rechazo de un frente formado, por ahora, por los países Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, según publica Reuters. Varios de esos países tienen importantes fábricas de vehículos que se podrían ver afectadas por una norma que la industria de automoción considera peligrosa para las factorías y, al mismo tiempo, poco eficaz.
Argumentos contra Euro 7
El rechazo de los ocho países se ha manifestado en un documento conjunto enviado a otros países de la UE al que ha tenido acceso Reuters. En el documento se pide la supresión de varias partes de la norma, incluida la que fija los nuevos objetivos de reducción del CO2.
"Nos oponemos a cualquier nueva norma sobre emisiones de escape (incluidos nuevos requisitos de prueba o nuevos límites de emisión) para automóviles y furgonetas", explican los países rebeldes en relación con la polémica norma Euro 7, que tiene que sustituir a la directiva vigente Euro 6d.
Los ocho países contrarios a Euro 7 utilizan argumentos similares a los que ha difundido la industria de automoción para fundamentar sus críticas a la nueva legislación. Consideran que las inversiones que comportaría la nueva norma para que los fabricantes de automóviles mejoren los motores de combustión se podría utilizar para impulsar la electrificación de la movilidad.
Más impacto en España
Las patronales de fabricantes europa y española (Acea y Anfac, respectivamente) han alertado de que la puesta en marcha de Euro 7 en 2025 comportaría un encarecimiento medio del precio de los coches de unos 2.000 euros debido a las inversiones necesarias para mejorar los motores y homologarlos. Esa cantidad se convertiría en una amenaza especialmente para los modelos de vehículos más pequeños y económicos, precisamente la especialidad de la industria de automoción española.
Wayne Griffiths, presidente de Anfac y de Seat, ha advertido de que los efectos de Euro 7 podrían provocar la paralización de producción de algunos modelos con el consiguiente impacto en el empleo para algunas fábricas. Por ese motivo, los fabricantes pidieron a Pedro Sánchez que aproveche la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 para frenar la nueva normativa Euro 7.
