Estamos ya plenamente instalados en la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Está claro que la prioridad ahora es frenar la propagación del virus con medidas que sean realmente eficaces y no de cara a la galería. Hay mucho en juego. Pero no se puede obviar que el Covid-19 ha contagiado de lleno a la economía, desde las multinacionales hasta las microempresas pasando por la bolsa. El Gobierno ya ha anunciado la medicina que va a aplicar a la economía, pero quedan muchas incógnitas por despejar. ¿Hasta dónde llegará el impacto de la epidemia en la economía? Y, muy importante, ¿quién pagará la enorme factura del parón de la actividad?
El Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comenzó por las medidas financieras y fiscales destinadas a las empresas y dejó para el final las puramente laborales destinadas principalmente a las decenas de miles de trabajadores que resultarán afectados por el parón de la economía. Llamó la atención la tardanza y el orden de prioridades en la aprobación de las medidas, lo que ha provocado todavía más incertidumbre.
Al margen de la demora, la medicina de Sánchez e Iglesias para intentar taponar la hemorragia de empleos y suavizar la pérdida de puestos de trabajo es la apuesta por los ERTE para evitar los despidos. De las dos modalidades que se han adaptado con modificaciones para adaptar los formatos a la coyuntura actual, hay uno que es el que a priori tendrá más aceptación por parte de las empresas por las ventajas que supone.
Las ventajas de los ERTE
El ERTE por causa de fuerza mayor adaptado al estado de alarma es mucho más económico, flexible y rápido que el ERTE por causas objetivas a pesar de la reducción de los plazos de negociación con los sindicatos. Pero el ERTE por fuerza mayor, pensado para catástrofes como incendios e inundaciones que arrasan una fábrica, es una herramienta muy ventajosa para las empresas pero no tanto para los trabajadores afectados, entre ellos los de la industria de automoción y la distribución comercial de vehículos.
A las empresas de menos de 50 empleados les saldrá gratis el parón de la economía al no tener que pagar los sueldos ni las cotizaciones sociales. En cambio, los trabajadores perderán más del 30% del suedo, agravado con el recorte de pagas extras y días de vacaciones en muchos casos. Además, los empleados de las pequeñas empresas no tienen derecho a una negociación previa a la aplicación del ERTE porque el formato de fuerza mayor solo prevé la comunicación a los delegados.
La factura de los costes laborales
Para las empresas a partir de 50 empleados, se ahorrarán el 75% de las cotizaciones a la Seguridad Social y casi todo el sueldo, todo depende de si aceptan de forma voluntaria complementar la prestación por desempleo. En este ERTE y en el de fuerza mayor, los empleados tienen la ventaja de que pueden cobrar el paro aunque no hayan cotizado lo suficiente y que no perderán los días de prestación gastados, algo fundamental para prevenir un futuro despido.
Los intentos de los sindicatos de introducir algunos contrapesos al poder empresarial en el ERTE por fuerza mayor no han tenido éxito, lo que deja a los comités y delegados muy desarmados.
Los efectos y consecuencias colaterales del parón de la actividad se percibirán durante meses con empleados que cobrarán más tarde y bastante menos. El consuelo es que no perderán el empleo, al menos eso es lo que ha previsto el Gobierno con una cláusula que obliga a las empresas a no despedir a los afectados por un ERTE por coronavirus en seis meses. ¿Se cumplirá? Lo que está claro es que la factura del parón en términos de costes laborales recaerá sobre las arcas del Estado (el agujero económico que se generará será importante) y en el bolsillo de los trabajadores, con el consiguiente impacto negativo en el consumo.
