El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley con el que el Gobierno pretende dar un salto en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Además de las ayudas disponibles mediante el Plan Moves 3, el Ejecutivo ha impuesto la obligación de disponer de enchufes para la recarga de baterías de acceso público. En un año, se necesitarán unos 90.000 puntos nuevos para cumplir el objetivo del Gobierno de alcanzar los 100.000 enchufes antes de 2023.
A la vista de la lentitud con la que crece la red de puntos de carga de vehículos electrificados, uno de los principales hándicaps de España, el Gobierno ha optado por pasar al terreno de la obligación con la cuantificación del número de enchufes en determinados edificios e infraestructuras públicas.
Con el nuevo real decreto ley aprobado, las estaciones de servicio y los edificios públicos deberán contar con un determinado número de puntos de recarga para vehículos eléctricos, según ha informado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Las nuevas medidas servirán para "simplificar" la regulación para el despliegue de este tipo de instalaciones, e incorporan, entre otros aspectos, la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio.
Ratio de enchufes por coche
En cuanto a los edificios públicos, se acelerarán las obligaciones de instalación de puntos de recarga en aquellas instalaciones que no son edificios residenciales de uso privado, pero que cuentan con un numeroso volumen de plazas de aparcamiento. Antes del 1 de enero de 2023, los aparcamientos de edificios públicos y centros comerciales deberán contar con un punto de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento.
En el caso de las instalaciones asociadas a la Administración General del Estado, el coeficiente de punto de recarga por plazas de aparcamiento se reduce a 20. Además, el Ejecutivo facilitará la instalación de puntos de recarga en la red de carreteras del Estado, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad vial y acceso al mantenimiento de estas.
Ribera ha explicado que la nueva normativa también habilita a los ayuntamientos para adoptar bonificaciones fiscales que impulsen la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica. Por ello, se recogen bonificaciones como la rebaja del 50 % del IBI, el 50 % del impuesto de actividades económicas para los locales comerciales y la exención de hasta el 90 % de los impuestos de obras relativos a la instalación puntos de recarga.
Reacción positiva de Anfac
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha valorado positivamente las medidas, pero insiste en que es necesario un plan de ayudas que fomente la compra de los vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga, ya que "no todo es una cuestión presupuestaria".
Desde la asociación defienden que "hay que ir más allá", con medidas como las que plantean en su Informe de 16 medidas, divididas en cuatro categorías (de carácter institucional, dirigidas a eliminar las barreras regulatorias, de tipo económico dirigidas a incentivar la instalación y operación de los puntos de recarga de acceso público y de liberalización y protección a los consumidores) y como las que se han aprobado hoy, que simplifican la instalación y los procesos burocráticos.
"Estos anuncios nos indican que vamos por el buen camino para impulsar la demanda del vehículos, la infraestructura y alcanzar los exigentes objetivos de descarbonización que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030", afirmó el director general de Anfac, José López-Tafall.
