El establecimiento de un sistema de peaje en una autopista se basa en el control del tráfico de vehículos. La generación de colas con las barreras tradicionales es un mal menor para las empresas concesionarias, que viven del contador de coches. Pero un nuevo sistema puede revolucionar el sistema de control aplicando un Gran Hermano total sobre todo lo que se mueve en sus vías rápidas. Algunos automovilistas se han encontrado en las entradas a Portugal con un 'check point Charlie' como el que filtraba los accesos al lado americano del Berlín de la Guerra Fría.
Varios carteles 'invitan' en varios idiomas a los coches extranjeros a pasar por un control de peaje singular. Se trata de asociar la matrícula del vehículo con una tarjeta de crédito durante un mes, con un coste de 0,6 euros más IVA, para pagar en marcha los numerosos peajes con lectura electrónica de la placa que se suceden en las vías rápidas del país. Es lo que Infraestructuras de Portugal denomina Easy Toll (easy pay, easy go). He de confesar que el sistema tiene inconvenientes pero también ventajas. Por un lado, el peaje con la lectura de matrícula abre la puerta al control de velocidad por tramos de forma sencilla a pesar de que no haya carteles avisando de esa posibilidad.
Además, supone un control absoluto de los movimientos del automovilista, con las implicaciones que puede tener eso como un ejemplo más de las aplicaciones del 'big data'. Si esos datos caen en manos de una empresa se pueden convertir en material valioso para futuras acciones de marketing para venderme publicidad de determinadas zonas. Por otro lado, ese Gran Hermano de hierro tiene una gran ventaja: permite pagar el peaje sin bajar en absoluto la velocidad. No se trata de un nuevo Teletac o Vía T como el de Bip&Drive, que ha extendido su uso a Francia y Portugal en un movimiento que supone un avance, sino que permite abonar el peaje a 120 km/h al pasar por unos arcos de cámaras que leen las matrículas. ¿Cuánto tiempo tardará el nuevo sistema en llegar a España y otros países? Es cuestión de que los gobiernos aprieten a las concesionarias para llevar a cabo las inversiones necesarias, algo que no está claro teniendo en cuenta que las empresas suelen tener la sartén por el mango y no necesitan unas inversiones que reducirían sus abundantes beneficios.
