El nuevo sistema de peajes en las carreteras y autovías en las que hasta ahora no se pagaba por circular planificado por el Gobierno a partir de 2024 ha tenido un efecto similar al de un seísmo. La propuesta de pago por uso de carreteras incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha provocado una larga lista de reacciones en contra por parte de organizaciones de automovilistas y usuarios así como por parte de los partidos de la oposición. Sin embargo, el Gobierno defiende la nueva fórmula de peajes aunque la suaviza y se abre al diálogo.
"Parece razonable plantearse que algo lo paguen también los 100.000 vehículos que entran en nuestro país todos los días", la mitad de ellos extranjeros, un sistema "mucho más eficiente para mantener nuestras autopistas", ha indicado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para defender la posibilidad de poner en marcha el pago por uso de la red de carreteras del Estado porque está en línea con el modelo europeo y es "más justo" desde el punto de vista de la distribución en el territorio.
Déficit de mantenimiento
Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, Calviño ha recordado que en los últimos años el sector público no ha invertido "lo suficiente" en las autopistas, que se van deteriorando. Por ello, ve necesario aumentar la inversión pública en las infraestructuras y "encontrar vías de financiación", que a su juicio pueden ser "que lo paguen todos los contribuyentes españoles", el modelo de peajes de autopistas "que ha generado unas enormes desigualdades" o el pago por uso.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, también ha defendido el nuevo sistema: "El que lo usa lo paga", ha enfatizado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que la fecha de 2024 es orientativa y dependerá del grado de recuperación económica, aunque ha abierto la puerta a dialogar sobre la propuesta.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha acogido con satisfacción la propuesta del Gobierno de establecer un sistema de pago por uso de todas las carreteras españolas a partir de 2024, además de plantear la creación del llamado "bono de movilidad", un sistema de pago por el sobreuso de las vías. La AEC recuerda que, según sus datos, la red de carreteras española cuenta con un déficit de mantenimiento de 7.500 millones de euros.
Críticas de consumidores
En cambio, el Real Automóvil Club de España (RACE) ha mostrado su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas. "Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado", ha sostenido el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.
Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirma que las carreteras "deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado", no con un peaje que supone "un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica". La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado el "afán recaudatorio" de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios.
Críticas políticas
Las críticas también han llegado desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida. El consejero de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Damià Calvet, ha afirmado en Catalunya Ràdio que el Gobierno central "va tarde y mal", y ha apostado por aplicar "una etapa transitoria" de tarifa plana que derive en "una tarificación por uso y contaminación". Por su parte, la consejera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, ha pedido este jueves al Gobierno central que dé "voz y voto" a las comunidades.
Para el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la medida sería "muy perjudicial" para una comunidad que cuenta con 94.000 km2 y más de 30.000 kilómetros de carreteras. En la misma línea, el vicesecretario general del Partido Popular de Andalucía, Toni Martín, lo ha calificado de "un atraco fiscal sin precedentes".
En Murcia, el portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea denuncia "un nuevo asalto al bolsillo de las clases medias y un torpedo en la línea de flotación al sector del transporte regional", y acusa al Gobierno central de esconder la medida durante la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid. El consejero de Medio Rural de Asturias, Alejandro Calvo, ha pedido que esta medida no afecte a los transportistas profesionales, recordando que "no puede se restrictivo y tiene que ser propositivo" y que la prioridad debería de ser ir contra el uso del vehículo privado allí donde es menos útil.
