Barcelona y Cataluña han entrado en una espiral de política de movilidad errática. Justo en un momento en el que se necesitan medidas claras y eficaces ante las restricciones a la circulación de coches, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat dan muestras de un diseño de la movilidad que puede convertirse en un bumerang y acabar perjudicando a los ciudadanos y a la calidad del aire. El último ejemplo es el tarifazo del 11,30% en la T-10, el título de transporte más utilizado en el área metropolitana de Barcelona. Se trata de encarecer este billete para financiar la rebaja en otros títulos con muchos menos usuarios para que el saldo neto del gasto global en las medidas no resulte perjudicado o que, incluso, salga más favorable para las empresas de transporte público.
A esa subida y las restricciones en su uso hay que sumar una larga lista de medidas que dificultan o desincentivan el transporte y los vehículos más sostenibles. Hace unas semanas, la Generalitat anunció otro tarifazo con la imposición de peaje en las autopistas a los coches eléctricos, que hasta ahora estaban exentos, con el argumento de que también desgastan la infraestructura. Y también el nuevo impuesto sobre el CO2 en Cataluña, que ha provocado la huida de las flotas de vehículos.
Barcelona también ha recibido numerosas críticas por su veto al 'carsharing' de coches eléctricos como el de Madrid o el de patinetes eléctricos que ya existe en la mayoría de ciudades europeas como alternativa de movilidad personal no contaminante y que disuade de usar turismos privados.
Políticos de comarcas que desconocen Barcelona
Estas medidas tienen un mismo sello: están diseñadas desde despachos por dirigentes políticos que no utilizan el transporte público de forma regular y que, en buena parte, residen en comarcas alejadas del área metropolitana de Barcelona. El secretario de Infraestructuras del Govern, Isidre Gavin, lo dejaba claro en unas declaraciones en RAC1: "Yo soy de Lleida".
Para decidir sobre el transporte público hay que conocer muy bien cómo funciona, empaparse de él, probarlo, sufrirlo en las horas puntas y en los momentos en los que el bus o el metro fallan y tardan más de la cuenta. La visión desde el despacho, con fríos informes elaborados por técnicos, pueden llevar a confusión y tomar caminos equivocados.
Esa polítiva errática y equivocada también se aprecia en otras medidas directamente relacionadas con las restricciones de tráfico de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Aunque hay consenso en que hay que restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes, hay muchas críticas a la forma de hacerlo y especialmente por la falta de ayudas a los conductores afectados para que puedan cambiar su coche viejo por otro nuevo eléctrico, híbrido o incluso de gasolina y diésel nuevo, que son mucho menos contaminantes que otro sin etiqueta ambiental de la DGT.
La política de despacho puede perjudicar seriamente a los ciudadanos. Demasiada improvisación y demasiada distancia con los ciudadanos.
