Entre los innumerables puntos de interés que ha ofrecido el Congreso de Faconauto, la Federación Nacional de Asociaciones de Concesionarios, ha llamado particularmente la atención, por su oportunidad en el tiempo y el mensaje que ha enviado, la intervención de Susana Solís, la eurodiputada de Ciudadanos, que actualmente forma parte del grupo liberal Renew Europe.
Tras describir someramente como se ha llegado a la situación actual, en la que pesa una ‘sentencia de muerte’ para la producción de vehículos con motor de combustión a partir de 2035, la eurodiputada Solís ha lanzado un rayo de esperanza al recordar “que en 2027 hay una cláusula de revisión para que la Comisión evalúe si en esa fecha se están dando todas las condiciones para mantener la prohibición de la venta de vehículos ligeros que emitan CO2 en la Unión Europea (UE)”. Algo que por el momento está lejos de ocurrir.
Suavización de la norma Euro 7
Su presencia en el Congreso Faconauto venía avalada por importante contribución a que se consiguiera suavizar la nueva normativa Euro 7 sobre emisiones, que hubiera necesitado inversiones tan fuertes por parte de los fabricantes para poder cumplirlas, que hubieran hecho de los automóviles productos inasumibles.
Lo inamovible es que tras una votación en la que se contabilizaron 329 votos a favor, 230 en contra y 41 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la comisión de Medio Ambiente de la cámara sobre la reducción de emisiones del transporte por carretera (turismos, furgonetas, camiones y autobuses), y que supone una interpretación algo más laxa en comparación con los planteamientos aprobados en 2022. Entonces que saliera adelante aquella norma provocó la protesta de gran parte del sector del automóvil y de una decena de países miembros de la UE, entre los que figuraban Chequia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Portugal. Curioso que Alemania y España, primer y segundo país fabricante de automóviles de la Unión Europea votaran con los más radicales.
No obstante, algunos expertos han calificado la Euro 7 aprobada finalmente por el Parlamento Europeo como un término medio entre las duras exigencias de la Comisión Europea (concretamente por la Comisión de Medio Ambiente y no por la de Industria, como hubiera debido ser) y las propuestas, menos ambiciosas, planteadas por la industria y esos 10 países.
Freno de emergencia de la electrificación
El nuevo reglamento actualizará los límites actuales para las emisiones de escape, como óxidos de nitrógeno (NOx), partículas sólidas, monóxido de carbono y amoniaco, e introducirá nuevas medidas para reducir las emisiones de neumáticos (microplásticos) y frenos, aunque todavía no se sabe cómo se harán las mediciones. Y también entra en el control de los propulsores eléctricos, controlando la fiabilidad y duración de las baterías: pasados 10 años, las baterías deberán mantener como mínimo un 75% de su capacidad original en el caso de los turismos eléctricos, y un 70% como mínimo si se trata de furgonetas eléctricas.
Pero volviendo a 2035, Solís dejó claro que si la demanda no evoluciona como se había previsto cuando se aprobó el Pacto Verde (Green Deal), "en 2027 tendremos un freno de emergencia que deja la puerta abierta a una revisión" de cara a 2035. De todas formas, añade que “cuando me preguntan si esto tiene marcha atrás y digo ‘sí y no’. No, porque todo el sector está comprometido en la fecha de 2035 y tampoco tenemos que confundir a la industria ni a los ciudadanos. El Sí se sustenta en esa cláusula de revisión”.
La eurodiputada pide acabar con tanta regulación en el sector de automoción. Desde el escenario del Congreso de Faconauto dijo que “en los próximos cinco años van a ser decisivos en la UE. No necesitaremos más regulación, sino estudios de impacto, analizar cómo afectan las normas a los ciudadanos y a la competitividad europea”.
Por este motivo, la eurodiputada española daba una gran importancia a las próximas elecciones. Señalaba que algo está cambiando en Europa después de haber tenido un Parlamento dominado por ‘verdes’ y ‘ecologistas radicales’, completamente insensibles a la pérdida de competitividad europea y al riesgo que corren los casi 14 millones de puestos de trabajo. Prevé que el contexto va a cambiar a un entorno netamente más amigable para las empresas y ciudadanos.
