Francia ya tiene claro cuándo vetará los coches diésel y de gasolina. Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva en la noche del jueves al viernes la conocida como "ley de movilidades" que entre otras cosas establece la prohibición de vender coches con motores de combustión (gasolina o diésel) de aquí a 2040.
Esa es una de las medidas estrella del dispositivo para la transición energética incluido en esa ley, que se marca el objetivo de que Francia logre en 2050 la "neutralidad en carbono", es decir, que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) sean compensadas por proyectos para disminuirlas. Las fechas de la ley francesa coinciden con el proyecto de normativa que presentó el Ejecutivo español pero que quedó en suspenso por la convocatoria de las elecciones. En ese proyecto, también se prevé la prohición de vender coches con motores de combustión interna, incluidos los híbridos, a partir de 2040 y el veto a que sigan circulando en 2050.
Restricciones locales
En los cinco primeros meses del año, un 58,70% de los coches nuevos vendidos en Francia fueron de gasolina y un 34,39% diésel, los dos tipos que dejarán de comercializarse en 2040 como muy tarde. Los híbridos representaron un 4,98% y los eléctricos un 1,76%. En un dossier de prensa, el Ministerio de Transportes señaló que el texto legislativo fija un marco para que las administraciones locales puedan restringir la circulación a los vehículos menos contaminantes, de acuerdo con sus criterios. Ya hay 23 de esas administraciones, con una población de 23 millones de habitantes (más de un tercio del total nacional) que han tomado ese tipo de medidas.
Para triplicar el uso de la bicicleta, se crea un fondo de 350 millones de euros para, por ejemplo, luchar contra los robos, generalizar el marcado, crear estacionamientos seguros y poner en marcha de un bono de "movilidad sostenible". A través de ese bono, las empresas podrán, voluntariamente, abonar hasta 400 euros anuales libres de impuestos y de cotizaciones sociales a sus empleados para sufragar sus gastos de desplazamientos en bicicleta o compartiendo coche. La Administración del Estado pagará 200 euros a sus empleados desde 2020.
Menos uso del coche
Una de las principales metas de la ley es que las administraciones ofrezcan alternativas al coche individual -utilizado por siete de cada diez franceses para ir al trabajo- en la totalidad del territorio. Por eso se van a invertir 13.400 millones de euros en el transporte durante el quinquenio de la presidencia de Emmanuel Macron (2017-2022), lo que según el departamento de Transportes supondrá un 40% más que en el precedente. Las tres cuartas partes de las inversiones se harán en el ferrocarril, esencialmente en los cercanías y en las líneas regionales.
Durante la tramitación de la ley se incluyó un artículo que permitirá flexibilizar la aplicación de la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en las carreteras con un solo carril por sentido, que está en vigor desde julio de 2018, y que fue uno de los primeros motivos de protesta de los "chalecos amarillos". Ese artículo permite que a los presidentes de cada departamento y a los alcaldes subir ese límite a 90 kilómetros por hora en tramos donde estimen que eso no acarrea peligro, una vez que una comisión de la seguridad vial emita un dictamen consultivo.
