Las esperanzas del sector de automoción de lograr una reforma fiscal que impulse una transición ecológica acompasada han recibido un gran jarro de agua fría. El comité de expertos recomiendan al Ministerio de Hacienda que no haga caso de las propuestas del automóvil y plantean lo contrario, es decir, mantener el impuesto de matriculación y subir los tramos para utilizarlo como elemento de penalización para los vehículos de gasolina y diésel.
El Libro Blanco para la reforma del sistema tributario que ha recibido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha concluido que las tasas vinculadas a la adquisición de vehículos (impuesto de matriculación) "son más efectivas" que las anuales (impuesto de circulación) a la hora de decantar la decisión de compra de los consumidores hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente, por lo que ha propuesto revisar esta figura fiscal, endureciendo y aumentando los tramos del impuesto actual.
El comité de sabios, formado por 17 catedráticos, profesores universitarios y economistas, se opone a las propuestas que habían abanderado las patronales de automoción encaminadas a eliminar el impuesto de matriculación y sustituirlo por una fiscalidad nueva fiscalidad ligada al uso del vehículo y a sus emisiones. "La evidencia empírica muestra que los impuestos sobre la adquisición de vehículos son más efectivos para dirigir las decisiones de compra de los consumidores que los impuestos anuales de circulación, debido tanto a su miopía (los consumidores tienden a dar mayor importancia a los costes y beneficios a corto plazo) como a la incertidumbre sobre los impuestos de circulación futuros. Por ello, este Comité no comparte las propuestas para su eliminación o integración con otras figuras tributarias", recoge el texto.
Rechazo a la reforma del automóvil
Lejos de decantarse por su supresión, los expertos defienden tres reformas posibles de la tasa de matriculación, todas ellas orientadas a endurecer esta figura, ya que critican que la falta de actualización de este impuesto para adaptarse a la innovación tecnológica ha reducido tanto su capacidad de incentivar la adquisición de modelos de menores emisiones como su relevancia dentro del sistema tributario.
"Además, la propuesta responde a la creciente proliferación de vehículos de gran tamaño, cuya generalización impide una progresión correcta en la reducción de las externalidades negativas (mayores emisiones contaminantes, más uso de recursos materiales, más congestión, más accidentes...)", apunta el documento.
La primera propuesta aboga por extender el número de tramos e incrementar los tipos impositivos, con el objetivo de incentivar la adquisición de vehículos de bajas emisiones. Establece exención del pago de esta tasa a los modelos con emisiones de dióxido de carbono (CO2) por debajo de 127 gramos por kilómetro (120 gramos en la actual), pero redondea al alza todos los tramos: entre 127 y 155 gramos abonarán un 5%; entre 152 y 175 gr/km, un 10% y los de más de 175 gr/km, un 15%. Actualmente, los tramos están fijados en 4,75%, 9,75% y 14,75%. Además, se establece un suplemento de 10 euros por kilogramo adicional (sobre un límite establecido), para apoyar la adquisición de modelos de menor peso y, por tanto, menores emisiones.
La segunda propuesta, que también contempla el mismo suplemento por peso adicional, endurece aún más los tramos, de forma que solo estarán exentos del pago del impuesto de matriculación los modelos con menos de 55 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro, mientras que los modelos de entre 55 y 127 gramos pagarán un 5%, el siguiente tramo (hasta 152 gramos), un 10%; el siguiente (hasta 175 gramos), un 15%, y el último (más de 175 gramos), un 20%.
Aumento de recaudación
La tercera vía defiende la sustitución del actual gravamen 'ad valorem' (que también tiene en cuenta el precio del vehículo), por un impuesto unitario que se aplique sobre las emisiones esperadas del vehículo, tomando como referencia el modelo holandés. Un vehículo con emisiones de entre 1 y 86 gramos pagaría 0,33 euros por gramo de CO2 y kilómetro estimado, cifra que sube hasta 20 euros gr/km para los modelos con emisiones de entre 86 y 111 gr/CO2, a 44 euros para los de entre 112 y 155 gr/km, a 72 euros para los de entre 156 y 172 gr/km y a 144 euros para los de más de 173 gramos por kilómetro de dióxido de carbono.
Todas estas propuestas supondrían, según los expertos, un aumento considerable teórico de la recaudación por el impuesto de matriculación endurecido. El año pasado, las instituciones públicas (comunidades autónomas) recaudaron casi 468 millones de euros en concepto de impuesto de matriculación, lo que supuso un incremento de más del 25% en comparación con 2020, según datos de la Agencia Tributaria recogidos por Europa Press. Con la reforma planteada, la recaudación subiría a 862 millones con la primera propuesta, a 1.486 con la segunda y a 2.335 con la tercera.
El Libro Blanco para la reforma del sistema tributario también propone que el impuesto de circulación que cobran los ayuntamientos para incentivar la compra de coches menos contaminantes pasando del modelo actual vinculado a la potencia fiscal de los vehículos a uno relacionado con factores más representativos del impacto medioambiental como la normativa Euro, la certificación de eficiencia energética o las etiquetas de la DGT.
Con esta reforma, también habría una mayor recaudación por el impuesto de circulación para los ayuntamientos. Si se aplicasen los nuevos tramos de emisiones de CO2 propuestos, se generaría una recaudación anual por este concepto de más de 2.110 millones de euros, con un incremento recaudatorio de 276 millones (+13%) en el caso de la propuesta uno y de 610 millones en el segundo caso (+28,9%).
Equiparar diésel y gasolina
La reforma fiscal para el automóvil no acaba ahí. Los expertos proponen también un "aumento general" de la fiscalidad de los hidrocarburos, equiparar impuestos del diésel y la gasolina, y bajadas tributarias en el ámbito de la electricidad, un conjunto de medidas que permitirían elevar la recaudación en hasta 15.000 millones. Los cambios en la gasolina y el diésel podrían elevar la recaudación en 8.504 millones de euros.
En el ámbito eléctrico, en aras de una mayor electrificación de la economía, se plantea la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, así como medidas "para mejorar el diseño y efectividad" de los impuestos propios autonómicos con efectos sobre el sector eléctrico y modificar el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE).
