Se acerca el momento decisivo para las empresas de VTC en España. El día 30 de septiembre acaba el periodo transitorio de cuatro años que se concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de los vehículos de transporte sin conductor como alternativa y competencia al taxi. Si las autonomías no lo hacen, los coches de VTC tendrá que salir de las calles, algo que ha puesto a las empresas del sector en alerta. Hasta el punto de que Cabify ha emprendido un inusual escrache publicitario contra la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Los vecinos de Gavà, la localidad de Barcelona donde tiene su domicilio Raquel Sánchez y de la que fue alcaldesa, se han despertado esta semana con un anuncio muy directo en contra de la dirigente política. "R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid. Aunque no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes, podrás seguir viajando en otras ciudades".
La agresiva campaña en Gavà de la empresa de VTC, que dirige su fundador, Juan de Antonio Rubio, está conectada con otra lona publicitaria instalada en Madrid que apunta a la hipocresía del Ministerio de Transportes. "Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify", proclama la compañía en el anuncio instalado en las calles de Madrid. Hace referencia, según aclara la firma, a los viajes realizados con destino u origen al Ministerio de Transportes durante lo que llevamos de 2022, aunque sin distinguir si los usuarios han sido efectivamente altos cargos o funcionarios o bien visitantes de la Administración.
Respuesta del Ministerio de Transportes
El escrache publicitario a las puertas del ministerio y del municipio de Raquel Sánchez ha agravado la tensión entre la Administración y el sector de VTC que opera en España. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado que está analizando la posibilidad de tomar "las medidas que se estimen convenientes" contra Cabify por su ofensiva publicitaria.
"Ante el contenido y las alusiones tanto directas al ministerio como personales hacia la titular de este Departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, el ministerio está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes", ha explicado en un comunicado.
El objetivo de Cabify está claro. La empresa Cabify cita un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona en el que se estima que el Gobierno debería ampliar en dos años el periodo transitorio de permisividad para las VTC por el impacto que tuvo la pandemia de la covid y advierte de la posible presentación de reclamaciones patrimoniales con un coste considerable para las arcas públicas.
Cabify quiere una prórroga
Según indicó Cabify en un comunicado, la regulación para las VTC impulsada por el Ministerio de Transportes en 2018, a través de un real decreto-ley, cuando José Luis Ábalos era el ministro, ha generado esas diferencias en la regulación entre comunidades autónomas. Según la compañía, algunas comunidades autónomas han regulado la actividad de las VTC "en base a los intereses políticos de los diferentes partidos y gobiernos, influidos por las presiones de una parte del sector del taxi y sin tener en cuenta el beneficio de los usuarios, trabajadores ni empresas del sector VTC".
Cabify dice que, aunque está en contra del real decreto-ley que se hizo, lo ha cumplido "escrupulosamente", mientras que el Ministerio de Transportes está incumpliendo el "objetivo indemnizatorio" que tiene la normativa para compensar a los que pagaron por licencias de VTC antes de que existiera la citada ley. Para Cabify el Ministerio incurrió en un error de gestión al tramitar las solicitudes de indemnización, lo que ha impedido que empresas y autónomos que invirtieron en licencias, antes del real decreto-ley, hayan obtenido una compensación.
Hasta la fecha, el ministerio ha recibido un total de 16.610 solicitudes de ampliación, de las cuales cerca de 10.000 correspondían a licencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras aprobar en junio la ley que regula la actividad de las VTC en la región el objeto de recurso de estos expedientes ha decaído.
Autonomías sin regulación de VTC
Transportes defiende que las comunidades han contado con "tiempo suficiente" para aprobar la regulación más adecuada para la prestación de servicios de VTC, incluyendo posibles prórrogas. Asimismo, recuerda que desde que en 2018 se aprobó el real decreto bajo el mandato del anterior ministro, José Luis Ábalos, el ministerio "carece" de competencias reguladoras en este ámbito, y son las comunidades o ayuntamientos los que deben analizar la concesión de posibles prórrogas.
A escasos días de que finalice el plazo dado por el Gobierno, Madrid y Cataluña son las únicas comunidades que han regulado la actividad de las VTC, aunque Andalucía, que cuenta con cerca del 18 % de las licencias en España, ya ha anunciado que lo hará antes de la fecha límite, y se espera que la Comunidad Valenciana haga lo mismo.
Esta situación ha provocado las protestas de parte del sector, que argumenta que el plazo no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia y la imposibilidad de obtener ingresos.
