El Congreso ha dado su visto bueno a la nueva prórroga del Plan Moves III tras casi tres meses en suspenso, aunque en algunos casos a regañadientes. El Moves está dotado con una financiación adicional de 400 millones de euros hasta alcanzar los 1.735 millones acumulados de los planes anteriores, con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
Pero el voto a favor no ha llegado sin críticas. En un ambiente de resignación pragmática, los grupos parlamentarios han respaldado la convalidación del decreto, aunque han reclamado sin ambages una profunda reforma del sistema, tomando como ejemplo el modelo portugués, mucho más ágil y eficaz.
Una "palanca" para la industria
El nuevo Moves mantendrá su vigencia hasta diciembre de 2025 y restablece también la deducción del 15 % en el IRPF, una medida celebrada desde el Gobierno como impulso a la electrificación del parque móvil. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido el plan como una “palanca para la industria”, asegurando que ha contribuido a la adquisición de 142.000 vehículos eléctricos y a la instalación de 113.000 puntos de recarga. Pero su mensaje no ha bastado para disipar las dudas sobre la gestión del plan.
Desde Sumar hasta el PP, pasando por ERC, Junts o Vox, las intervenciones han coincidido en el diagnóstico: el Moves ha sido, hasta ahora, un sistema farragoso, desigual y desalentador. Las ayudas tardan más de un año en llegar, incluso dos, y las comunidades autónomas, responsables de su ejecución, se enfrentan a cuellos de botella administrativos que ralentizan la tramitación o directamente la paralizan, como sucede en Cataluña o Madrid.
Portugal como espejo
La referencia ha sido clara y repetida durante el debate: el modelo de Portugal. Allí, las ayudas son automáticas, se aplican en el momento de la compra, incluyen a vehículos de empresa y alquiler, y se gestionan con un sistema de recarga unificado. El contraste es tan rotundo que ha servido de argumento transversal entre los partidos para exigir una transformación urgente del Moves.
“La comparación con Portugal nos deja en evidencia. Allí triplican nuestros resultados y han eliminado la burocracia innecesaria. Aquí seguimos atrapados en el papeleo”, ha lamentado Sumar. El PNV y ERC han reprochado que las ayudas actuales benefician en la práctica solo a las rentas altas, ya que el comprador debe adelantar el dinero, una barrera insalvable para muchos hogares.
El PP y Junts han afeado a Aagesen los tres meses de "inseguridad jurídica" que ha vivido el sector desde la expiración del Moves anterior. Podemos, por su parte, ha criticado la incoherencia de subvencionar con hasta 10.000 euros la compra de un Tesla mientras se mantienen aranceles prohibitivos a los coches eléctricos chinos.
Una simplificación limitada y voluntaria
El nuevo real decreto introduce mejoras tímidas, como la posibilidad de usar una cuenta justificativa simplificada para ayudas inferiores a 100.000 euros. Pero esta opción no es obligatoria y queda a discreción de cada comunidad autónoma, que puede seguir exigiendo documentación redundante. En ningún caso se eliminan trámites esenciales ni se garantiza una tramitación rápida.
Mientras tanto, las solicitudes siguen congeladas en muchas autonomías. En Cataluña, el ICAEN ha admitido que ni siquiera se ha abierto aún el plazo para solicitar las ayudas del Moves 2025. En Madrid, la web oficial mantiene colgado un aviso de paralización.
AEDIVE mostró su satisfacción "por el sentido de Estado de los grupos políticos que no han votado en contra, al velar por el interés y el futuro del tejido industrial y empresarial vinculado a la movilidad eléctrica en España, permitiendo convalidar este programa de incentivos necesario para el impulso de este sector". La convalidación del Moves "despeja incertidumbres y permite que las empresas del ecosistema de la electromovilidad puedan planificar sus objetivos de negocio", según indicó AEDIVE. La suspensión de las ayudas a la electromovilidad ha generado unas pérdidas en el sector por valor de 500 millones y la supresión de más de 260 empleos cada mes, según la organización.
“Bien está lo que bien acaba. Para el sector de la movilidad eléctrica era muy urgente aportar certidumbre con la aprobación del MOVES III y la mayoría de los grupos políticos han sabido entender las necesidades de un segmento industrial y empresarial de alto valor, dejando de lado sus diferencias ideológicas”, destacó Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.
