Estoy de suerte. Están instalando un poste de carga de coches eléctricos junto a mi casa. Pero me temo que puede ser un espejismo. El refranero es muy sabio y muy útil para explicar lo que está pasando con el coche eléctrico. El dime de qué presumes y te diré de qué careces se puede aplicar perfectamente a muchas administraciones y partidos políticos que se llenan la boca defendiendo las bondades de la movilidad eléctrica pero que por la puerta de atrás acaban frenando su desarrollo. ¿Es incoherencia o algo más?
Menos ventas, sin ayudas y veto a una ley
La situación actual del mercado de vehículos eléctricos y del marco normativo de ayudas empieza a ser esperpéntico. Por un lado, las ventas de coches propulsados con baterías se están desacelerando con rapidez por la ausencia de subvenciones para los compradores por el agotamiento del plan Movea y la ineficiencia del Gobierno atrapado en el bloqueo del presupuesto de 2017 por la falta de mayoría absoluta en el Congreso.
A esa situación se une ahora el veto del Ministerio de Hacienda a un proyecto de ley de apoyo al coche eléctrico que ha nacido con el aval de tener el consenso de las empresas implicadas en la electromovilidad, tanto operadoras energéticas como fabricantes de automóviles y de material eléctrico. El argumento para frenar ese proyecto de ley es poco menos que ridículo: el informe del ministerio rechaza la ley porque supondría un gasto público adicional de 14,6 millones hasta el año 2020. ¡4,8 millones por año entre subvenciones y deducciones fiscales!
¿Es el coche eléctrico un rehén político?
Se trata de un escenario que recuerda otros momentos recientes en los que el coche eléctrico tuvo que luchar con un marco poco favorable. A esa situación hay que sumar las disputas entre marcas de coches por el vehículo eléctrico con iniciativas desconectadas cuando es necesario unificar estándares de carga y redes. La proposición de ley plantea una vieja reivindicación del sector: un marco estable de ayudas y que las subvenciones sean un poco más generosas, de un máximo de 7.000 euros en lugar de 5.500. En definitiva, seguir el ejemplo de países como Noruega y China en los que la movilidad eléctrica tiene un rápido desarrollo.
La formación que presentó la proposición, el Partit Demòcrata Europeu Català (la antigua Convergència), no sale de su asombro por un veto que califica de disparate. No lo dicen claramente, pero es posible que el clima de enfrentamiento político entre el PP y el partido de Artur Mas por el proceso independentista emprendido por el Govern haya contaminado al coche eléctrico. De ser así, sería muy lamentable y patético convertir al coche eléctrico en un rehén de esa disputa.
