Una antigua fábrica textil creada a mediados del siglo XIX en Barcelona, Ca l'Alier, ha sido el escenario elegido por el President de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, para presentar su Plan de impulso al vehículo eléctrico 2025-2030. En las viejas naves de ladrillo rehabilitadas de las que salían sacos, redes y otros productos textiles, que ahora están dedicadas a la innovación tecnológica y empresarial, nacerá un plan ómnibus que aglutina un total de 20 acciones públicas y privadas por un importe estimado de más de 1.400 millones en los próximos cinco años.
El plan llega en un momento de estancamiento o descenso de las ventas de vehículos electrificados y con el temor a un desplome por la falta de las ayudas del Moves justo el año en el que las marcas necesitan de forma imperiosa descarbonizar sus matriculaciones para evitar multas por superar los nuevos limites de CO2. Además, la presentación coincide con el aviso de Seat de una pérdida de 1.500 empleos por la dificultad sobrevenida para vender el eléctrico Cupra Tavascan que supone el arancel que le aplica Bruselas.
El objetivo de Cataluña es recuperar terreno perdido en la transición ecológica de la movilidad y pasar de un 14% de vehículos electrificados (100% eléctricos e híbridos enchufables) en las matriculaciones de turismos nuevos de Cataluña a un 40% en 2030, según indicaron fuentes de la Generalitat en un encuentro con periodistas de representantes de varios departamentos involucrados en la preparación del plan. Al mismo tiempo, la Generalitat catalana pretende multiplicar los puntos de carga de los 9.000 actuales a 45.000 en un plazo de cinco años.
Salvador Illa con Wayne Griffiths / LINKEDIN WAYNE GRIFFITHS
Ayudas del Moves y más financiación
Para conseguir ese propósito de un incremento de las ventas de coches electrificados del 185% y una ampliación de la red de recarga del 400% hasta 2030, Salvador Illa cuenta con algunas medidas ya conocidas como las ayudas del Moves y con otras novedosas. El plan ómnibus catalán pretende atacar los tres principales frenos a la movilidad eléctrica: el precio, que es demasiado alto para un 28% de los usuarios; la infraestructura de enchufes, insuficiente también para un 28%; y la autonomía de los vehículos, que es baja para un 20%, según el Barómetro Climático de Cataluña.
Una buena parte de los más de 1.400 millones de inversión público-privada que movilizará el plan, según avanzó El Periódico de Catalunya, corresponderán a los incentivos a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de puntos de carga. Sin embargo, el Govern confía en el plan Moves u otro que lo sustituya con fondos transferidos por el Ejecutivo central, incluso ahora, cuando el Moves está en suspenso por la derogación de la prórroga en una votación en el Congreso y a la espera de un acuerdo entre el PSOE y Junts para recuperarlo. La Generalitat no se plantea ofrecer ayudas adicionales a la electrificación como han hecho otras comunidades autónomas como Madrid. Sin embargo, sí prepara medidas de financiación de la electrificación de las flotas de vehículos de las empresas aprovechando la herramienta del Institut Català de Finances (ICF).
Jordi Hereu, Salvador Illa y el presidente de Chery
Atasco en el pago de subvenciones
Sin embargo, el plan de impulso pasa de puntillas sobre el atasco en la tramitación y el pago de las ayudas del Moves en el Instituto Catalán de Energía (Icaen), que acumula un retraso en el abono de las subvenciones de hasta un año y siete meses. Según los últimos datos publicados por el organismo público, los últimos pagos incluyen solicitudes de junio de 2023. De los 157 millones en subvenciones a la compra de vehículos solicitados, se han abonado solo 32 millones. Además, de los 122,5 millones solicitados para instalar puntos de carga, únicamente se han pagado 11 millones.
El Govern confía en que el refuerzo de plantilla del Icaen y la subcontratación de una parte de las tareas administrativas permita reducir la demora en el cobro de las ayudas, uno de los principales problemas para la expansión de los vehículos eléctricos y de los puntos de carga, según denuncia el sector del automóvil.
Demandas pendientes del automóvil
Otro de los pilares del nuevo plan catalán consiste en predicar con el ejemplo. La Generalitat quiere dar un salto en la electrificación de su gran flota de vehículos tras el paso que dio en 2024 con la compra de 820 vehículos. También quiere electrificar sus edificios mediante la instalación en una primera fase de unos 5.000 puntos de carga para sus coches, furgonetas y camiones a los que se sumarán otros de acceso público, que podrían llegar a unos 9.000 en total. Esas cifras suponen un salto respecto a los 634 puntos en 114 edificios de 2024. La Generalitat catalana seguiría así los pasos de otras administraciones que promueven redes de carga, como el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.
Salvador Illa presenta el plan en un acto con representantes de las empresas y organizaciones implicadas en la movilidad. Sin embargo, las medidas no recogen algunas de las reivindicaciones del sector, como la inclusión de ayudas a la renovación del parque automovilístico que incluyen también coches de combustión de bajas emisiones, como han hecho otras autonomías. Tampoco se da marcha atrás en el impuesto del CO2 a los vehículos que implantó Cataluña como única comunidad en toda España y que ha provocado la fuga de matriculaciones de flotas a Madrid. El sector reclama la derogación de ese tributo y que el Govern cumpla con el compromiso de destinar una parte de su recaudación a incentivos a la compra de vehículos sostenibles.
