El caso de las cártel de las marcas de coches sigue generando sentencias a favor de los compradores demandantes, aunque con unas indemnizaciones muy diferentes. La horquilla para calcular la cantidad que deben pagar las marcas fabricantes a los clientes que han presentado demandas oscila entre un máximo del 10% del valor de compra del vehículo hasta un mínimo del 3%.
El cártel de las marcas de coches, que pactaba las variaciones de los precios de venta de los vehículos de un gran número de fabricantes, funcionó entre 2006 y 2013. Tras la resolución de la Comisión de Mercados y la Competencia y las sentencias posteriores desestimando las alegaciones de las marcas afectadas, los juzgados de lo mercantil de toda España están recibiendo una avalancha de demandas que están dando lugar a fallos con importantes discrepancias.
Las primeras sentencias de los juzgados de Gipuzkoa han resuelto que las marcas deben abonar el 8 % de lo que pagaron por sus coches los consumidores que han reclamado, mientras en Bizkaia han calculado que debe ser un 5 %. En otras Audiencias provinciales también varían y así, en Barcelona se ha cifrado en un 3 % y en Pontevedra en un 10 % del precio abonado.
Cálculo de la indemnización
Una vez que el Tribunal Supremo resolvió que los fabricantes y distribuidores de coches debían abonar el sobrecoste que habían cobrado, la discusión judicial se centra ahora en determinar a cuánto asciende, si bien corresponde al consumidor que reclama esa indemnización en los tribunales probar el perjuicio económico que le causó.
En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 171 millones a 21 empresas que suponían, por entonces, casi el 91 % de la distribución de automóviles en España e incluía a prácticamente todas las marcas generalistas y alguna de gama alta, por intercambiar información comercialmente sensible y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios de postventa.
El Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de abril confirmando las multas de la CNMC por un total de 118 millones a la mayoría de las empresas de distribución, venta y postventa de automóviles. Desde entonces se ha desatado una oleada de consultas legales en toda España por parte de quienes adquirieron un coche en la época de los hechos, entre 2006 y 2013, ya que entienden que esta práctica anticompetitiva "infló" el precio de sus vehículos.
Informe pericial
La abogada de la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) Isabel Gorostiaga ha explicado a Efe que esa asociación lleva un año trabajando en este asunto para lograr que los consumidores vascos afectados por ese acuerdo entre las marcas que supuso un aumento del precio que pagaron por su coche sean resarcidos por ello.
“Estamos aún en la primera fase del proceso, estudiando las primeras resoluciones judiciales para ir afinando en las reclamaciones y lograr el pleno resarcimiento de cada consumidor que pagó un precio excesivo por su vehículo”, ha dicho.
En estos procedimientos, quienes reclaman deben “adelantar el pago del informe pericial de un economista”, que puede rondar los 100 euros, ya que lo crucial es llegar a calcular el sobrecoste que se abonó debido a la actuación de ese ‘cártel’, de ahí la dificultad y que los juzgados de lo Mercantil estén resolviendo con criterios dispares.
