La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan para luchar contra el cambio climático que supone adelantar la muerte de los coches de gasolina y diésel y también de los híbridos. El Ejecutivo comunitario pretende que todos los coches vendidos a partir de 2035 sean 100% eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno, es decir, sin emisiones de CO2 o de otros gases.
El nuevo plan Green Deal supone adelantar cinco años el veto a la venta de coches con motor de combustión interna, que estaba planificado para 2040 en la anterior hoja de ruta europea que estaba en vigor hasta ahora. Bruselas quiere ahora reducir las emisiones de CO2 en un 55% hasta 2030, como objetivo intermedio también más exigente, y en un 100% en 2035.
Para facilitar esa electrificación acelerada de la movilidad, la Comisión Europea pretende que sea obligatorio para los Estados miembros de la UE instalar puntos de carga de vehículos eléctricos cada 60 kilómetros y cada 150 kilómetros para repostar hidrógeno en las principales autopistas.
El transporte, 29% de los gases
La Comisión ha recordado que el transporte es el causante del 29% de las emisiones de CO2 en la UE, aunque ha reconocido que queda mucho por avanzar para la reducción en ámbitos como la aviación, donde los combustibles alternativos son ahora solo el 1 por mil y el objetivo es llegar al 5% en 2030.
Bruselas ha anunciado también la puesta en marcha de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de CO2 para evitar el 'dumping' medioambiental. Para ello, tendrán el mismo precio la producción doméstica que a las importaciones para encontrar un equilibrio entre las ambiciones de la UE y la cooperación global. "Se gravará de froma positiva nuestro comportamiento", ha indicado la Comisión Europea. Eso supone dejar de dar subsisios a todo lo relacionado con los combustibles fósiles y se tendrá en cuenta el contenido energético y no el volumen de los bienes.
"La emisión de CO2 debe de tener un precio", declaró la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en la presentación de trece iniciativas legislativas con acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad. El paquete normativo se llama "En Forma para el 55" (Fit For 55), en referencia al compromiso de la UE de reducir en 2030 sus emisiones equivalentes de CO2 al menos en un 55 % con respecto a 1990 como paso intermedio para alcanzar la neutralidad climática en 2050: es decir, no liberar más dióxido de carbono del que pueda absorber el territorio comunitario.
Supone gran parte de la arquitectura legal de la transformación energética y climática en la que está inmersa la UE desde el Acuerdo de París de 2015 para que las temperaturas a final de siglo suban menos de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Las propuestas tendrán que negociarse con los Estados miembros, representados en el Consejo, y con el Parlamento Europeo.
Fondo de ayuda de 10.000 millones
La CE advierte de que será una transición profunda y dura con grandes cambios estructurales en muy poco tiempo pero que, ligada al otro gran vector de futuro que explora Bruselas, la digitalización, generará más y mejores oportunidades para la UE, que en paralelo empieza a distribuir los fondos de recuperación inspirados en los mismos principios. "De lo contrario, fallaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos porque si no arreglamos esto, en mi opinión, lucharán en guerras por el agua y la comida", aseguró el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans.
El amplio paquete legislativo consiste en gran medida revisiones o actualizaciones de normas existente que están interconectadas y representan un esfuerzo que la Comisión entiende debe de abarcar a todos los sectores y ámbitos de la sociedad.
Pero existe una filosofía conductora, que es dejar de liberar dióxido de carbono, y uno de los pilares es la revisión para 2025 del mercado europeo donde se pone un precio por tonelada de CO2 emitida, el llamado sistema de comercio de emisiones ETS que abarca a unas 10.000 plantas de consumo energético intensivo en la UE. Bruselas quiere que el precio del CO2 se encarezca progresivamente y eliminar los permisos de emisión en diez años, mantener dentro la aviación doméstica e incluir a los barcos.
La CE propone que el propio sistema ETS genere un fondo con 70.000 millones de euros en diez años para a ayudar a los hogares humildes, que gastan una mayor proporción de sus ingresos en calefacción. El objetivo del ETS es incentivar a los productores de energía y combustible a transitar hacia tecnologías sostenibles en vez de ir pagando cada vez más por generar CO2. Bruselas propone también un novedoso mecanismo para gravar en las fronteras de la UE ciertos productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro y una reforma de la fiscalidad energética.
