La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona busca su legalización, tras el varapalo judicial recibido, aplicando algunos retoques cosméticos que no afectan las restricciones básicas a la circulación. Los cambios anunciados por el Ayuntamiento de Barcelona consisten en aumentar las excepciones a la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, lo que puede suponer que entren en la ciudad unos 20.000 coches contaminantes más.
La nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) intenta ajustarse a las objeciones mostradas por la suspensión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en marzo, aunque sigue en vigor a la espera de los recursos. A partir de 2023, se ampliará a 24 las autorizaciones diarias durante el año para los vehículos sin etiqueta ambiental (actualmente son 10), ha explicado el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia.
Pago de un peaje diario
Estas autorizaciones extraordinarias requieren el registro previo del titular del vehículo y el pago de una tasa de cinco euros por día de circulación para esos coches sin etiqueta.
Además de los permisos para facilitar el uso ocasional del vehículo, también se autorizará a circular por la ZBE a las personas que les queden cinco años para jubilarse y se eximirá a las familias con ingresos bajos. Podrán circular los vehículos de las familias que acrediten unos ingresos económicos anuales inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (Iprem), que es de 579 euros mensuales este 2022, incrementado según el número de miembros de la unidad familiar.
Como ejemplo, una persona que viva sola tendrá que cobrar un máximo de 1.158 euros al mes; cuando sean dos personas el máximo será el Iprem multiplicado por 2,5; cuando sean tres se multiplicará por 2,9 y cuando sean cuatro o más por 3,3. Sin tener en cuenta todavía cuantas personas pedirán el permiso, el Ayuntamiento calcula que vincular la renta a la matrícula podría suponer la introducción de unos 20.000 vehículos contaminantes a la ZBE.
Fallo del Tribunal Supremo
Los cambios, que se aplicarán cuando la normativa se apruebe de manera definitiva en enero (si pasa la votación inicial en noviembre y el periodo de alegaciones), tiene como objetivo añadir medidas sociales para acompañar a la ciudadanía por nivel de renta y dotar a la ordenanza de mayor seguridad jurídica. Actualmente, el TSJC ha rechazado aplicar la sentencia que anula la ZBE antes de que sea firme, de manera que la ordenanza continua vigente hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva los recursos que el Ayuntamiento, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona presentaron sobre el caso.
La regulación básica de la ZBE de Barcelona seguirá siendo la misma: continuará siendo el territorio delimitado por las Rondas y no se alterará el horario en el que se restringe la circulación --de lunes a viernes laborables de 7 a 20 horas-- ni los vehículos afectados, que son los que no disponen de etiqueta de la DGT al ser más viejos.
El Ayuntamiento de Barcelona aprovechará el retoque para introducir algunas correcciones para facilitar algunas actividades económicas como la de los talleres y los concesionarios. Podrán circular los vehículos en estado de reposición si se acredita la compra de uno nuevo que cumpla con los criterios tecnológicos establecidos, los que lleven a cabo tareas de mantenimiento en talleres, vehículos de personas con tratamientos médicos periódicos y vehículos singulares como coches de autoescuela, portacontenedores y vehículos cisterna, entre otros.
El Ayuntamiento ha solicitado nuevos informes técnicos, justificativos y de impacto de varias instituciones y organismos para fomentar la nueva ordenanza. El consistorio ve la actualización de la normativa como una actuación positiva en cuanto al impacto económico para la ciudad "ya que los beneficios ambientales que genera compensan los costes para llevarla a cabo".
