El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado la guerra a los patinetes eléctricos compartidos. La Guardia Urbana ha empezado a sancionar a las empresas con flotas de patinetes eléctricos compartidos que no han esperado a la regulación municipal de estos vehículos de movilidad personal. Además, los agentes también retiran de las calles los patinetes estacionados en espacios públicos sin autorización.
La concejal de movilidad, Rosa Alarcón, ha explicado que, en solo un día, la Guardia Urbana ha sacado de la calle 17 patinetes y 16 sillas eléctricas de alquiler, ya que no hay ninguna zona regulada en el espacio público en la que puedan aparcar estos vehículos. El consistorio ha explicado que la Guardia Urbana actúa en cumplimiento de la Ordenanza de uso de las vías y espacios públicos, intensificando el control del estacionamiento de vehículos como los patinetes de uso compartido.
En los seis primeros meses de 2019 se han puesto cerca de 1.500 multas por aparcar incorrectamente, el doble que en todo 2018, y que desde el 16 de agosto hasta ahora se ha puesto la misma cantidad: "No será una actuación de un día. Continuaremos hasta que dejen de actuar en el espacio público". "Hay 25 empresas de 'sharing' de patinetes interesadas en la ciudad. Es inasumible. Acordamos con ellas que no operaran hasta que tuviéramos una normativa, pero dos de ellas no han cumplido con el pacto", y ha dicho que una de las que no ha acatado es de sillas de ruedas compartidas, un servicio que no se autorizará nunca, en sus palabras.
Retraso de Barcelona en patinetes
El consistorio trabaja en una regulación de los patinetes compartidos que pueda "estar en marcha" en abril de 2020, y ya se ha reunido con empresas operadoras y prevé trabajar en el marco del Pacto por la Movilidad para presentar una primera propuesta este mismo mes de septiembre: "Hay buena predisposición de la mayoría de empresas".
La regulación de barcelona se produce después de que otras grandes ciudades ya hayan puestoen marcha su normativa sobre patinetes eléctricos compartidos. Barcelona quiere aplicar a la movilidad compartida un modelo similar al que ya ha aprobado para bicicletas y motos, en el que las empresas necesitan una licencia y están sometidas a límites en el número de vehículos y al pago de una tasa.
