El Ayuntamiento de Barcelona implantará su propio modelo de regulación de los vehículos compartidos estableciendo cupos y cobrando una tasa. El consistorio ha rectificado sus previsiones iniciales y ha doblado la cifra prevista de motos y bicis compartidas. La norma que ha aprobado finalmente el Ayuntamiento fija un tope máximo de casi 7.000 motos y de casi 4.000 bicis en el primer año de regulación del nuevo sector en auge de la movilidad compartida.
Después de consultar con las empresas que ya están prestando servicio de 'motosharing' y de 'bicisharing', el consistorio barcelonés ha aumentado las cifras iniciales, que fueron consideradas del todo insuficientes por las operadoras. Finalmente, Barcelona autorizará un máximo de 6.958 motos eléctricas compartidas circulando por la ciudad, con un tope de 2.319 vehículos por cada empresa. En bicis eléctricas compartidas, habrá un máximo de 3.975 con un tope de 1.325 para una sola empresa.
A diferencia de otras ciudades, Barcelona cobrará una tasa por cada vehículo en concepto de ocupación del espacio público para una actividad lucrativa, que ascenderá a 71,50 euros al año.
Evitar la saturación
El ayuntamiento pondrá en marcha en las próximas semanas el proceso de adjudicación de las licencias a las empresas que, de hecho, ya operan en la ciudad. Aunque el consistorio no ha concretado cuántos vehículos compartidos circulan ahora por la ciudad, las estimaciones apuntan a que están por debajo de las cifras máximas autorizadas.
Sin embargo, los máximos establecidos se quedan por debajo de las peticiones de las empresas del sector. El concejal de movilidad, Eloi Badia, ha asegurado que se prevé que los topes máximos se vayan revisando en función de las necesidades y de las flotas de vehículos, aunque siempre con la premisa de "evitar la saturación del espacio público".
Para poder evaluar los resultados de la regulación, el Ayuntamiento tendrá la información de los trayectos y geolocalización de los vehículos para planificar la regulación del futuro.
Coches y patinetes compartidos
El modelo barcelonés de vehículos compartidos también prevé el veto a las flotas en algunos espacios de aparcamiento que estarán reservados para los vecinos por la escasez de plazas. La regulación aprobada prevé sanciones de 450 euros para las empresas operadoras que incumplan sus obligaciones en el momento de la licitación de su licencia.
"Se trata de resolver o paliar los conflictos por el uso de vehículos compartidos y dar seguridad jurídica a las empresas", ha indicado Badia. Después de las motos y las bicis, el Ayuntamiento de Barcelona pretende aplicar un esquema de regulación similar para los patinetes compartidos y el 'carsharing'.
El modelo de Barcelona es visto de forma crítica por las empresas de coche compartido que ya operan con éxito en Madrid, donde consideran que tienen más facilidades del Ayuntamiento y donde no tienen que pagar tasa y disponen de aparcamiento gratuito en la calle como vehículos eléctricos.
