La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las islas Baleares se ha encontrado con un obstáculo en su camino hacia la aprobación. La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha presentado dos denuncias contra la norma ante la Comisión Europea y el Gobierno central. Los fabricantes quieren impedir la entrada en vigor del veto al diésel en las Baleares a partir de 2025.
La normativa de las islas Baleares se ha convertido en una de las más ambiciosas en la Unión Europea al establecer la prohibición de circulación por la comunidad de coches y motos diésel a partir de 2025 y de vehículos con emisiones de CO2, incluyendo los de gasolina, híbridos y de gas, a partir de 2035, con la excepción de los turismos que estén domiciliados en el territorio.
Esos plazos mucho más agresivos que los que se plantean en la ley estatal de cambio climático, que prevé la prohibición en las matriculaciones de coches que emitan CO2 en 2040 y el veto a la circulación a partir de 2050, han puesto en pie de guerra a Anfac, que ha emprendido una ofensiva jurídica contra la norma insular. Con la nueva ley, ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a las islas a partir de las fechas señaladas aunque sí pueden circular por el resto de la UE, según destacan los fabricantes.
Petición de medidas cautelares
La respuesta de Anfac ha sido presentar una denuncia contra la norma ante la Comisión Europea, a la que solicita que inicie un procedimiento por infracción del derecho de la UE y que aplique medidas cautelares para suspender la prohibición. Además, la asociación también ha presentado una denuncia ante el Consejo de Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía, para que impida la entrada en vigor de la ley balear al considerar que supone una ruptura con la regulación estatal.
Anfac sostiene en las denuncias que estas medidas son "arbitrarias, idóneas y desproporcionadas", "están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico" y suponen "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea", así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser "inéditas en toda Europa".
Además, los fabricantes niegan la mayor en cuanto a la base de la ley, que se fundamenta en la necesidad de mejorar la calidad del aire a pesar de que los últimos informes indican que es entre buena y excelente. En el terreno económico, Anfac pone sobre la mesa los primeros datos que mostrarían el impacto negativo del inicio de la tramitación de la ley en el mercado automovilístico de las islas. Las matriculaciones de coches nuevos se desaceleraron hasta un crecimiento del 1,8% en 2018 frente a un 7% de media en toda España. Asimismo, se registra un incremento del 14% en las ventas de coches usados de más de 20 años debido a la opción de los consumidores de reducir la inversión ante la incertidumbre que supone que los coches diésel no puedan circular a partir de 2025.
5.000 empleados en concesionarios
Los concesionarios han mostrado su apoyo a las denuncias presentadas por Anfac. La Federación de Asociaciones de Concesionarios (Faconauto) ha mostrado su preocupación por que, de aprobarse esta norma, pondrá en serio peligro el sector de la distribución y reparación de vehículos en las islas, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que actualmente son el 99% de las matriculaciones. Los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.
