“España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses, más transporte público y menos Lamborghinis”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciaba estas palabras hace unos días en el acto de inauguración del curso político celebrado en el Instituto Cervantes, donde desgranó las seis prioridades que marcarán su séptimo año de Gobierno. De hecho, el “más transporte público” se ha seguido usando esta misma semana como telón de fondo para presentar la nueva campaña del Ministerio de Transportes para impulsar su uso y, por tanto, ya se ha convertido en algo más que un eslogan político, convirtiéndose en un elemento crucial para un futuro sostenible a medio plazo.
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En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno se ha comprometido a reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030, y una de las estrategias clave que se ha fijado para lograrlo es promover el uso masivo del transporte público. Según las proyecciones del PNIEC, se espera que para 2030 los desplazamientos en coche particular se reduzcan en un 40%, incrementando significativamente la cuota de mercado del autobús y el tren, avanzando hacia el trasvase modal. Es decir, más transporte público y menos vehículo privado.
Este cambio supondría una importante transformación en la forma en que nos desplazamos, pasando de un modelo centrado en el vehículo privado a uno más orientado hacia el transporte público. De hecho, el PNIEC prevé un incremento muy relevante del 179% para 2025 y del 292% para 2030 del número de viajeros en modos de transporte colectivo en comparación con 2020. Sin embargo, para lograr estas metas ambiciosas, será fundamental que se realicen inversiones significativas en el sistema, en la infraestructura y en políticas de promoción; trabajar codo con codo con los miles de empresas de todos los tamaños que operan en los distintos modos de transporte público en modo de colaboración público-privada; y recuperar la confianza de la ciudadanía en servicios como la red de Cercanías.
Asignaturas pendientes
La posibilidad de cumplir con los objetivos de lucha contra la crisis climática en los próximos años depende, por lo tanto, de la apuesta de los gobiernos por un sistema de transporte más sostenible, eficiente y mejor financiado. No obstante, existen varias asignaturas pendientes.
El proyecto de ley de movilidad sostenible, que busca actualizar el marco normativo para permitir a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte del siglo XXI, sigue estancado en el Congreso por la dificultad de articular mayorías en esta legislatura.
También sigue sin abordarse la regulación de la financiación del transporte público para dotar al mismo de un marco presupuestario estable y que no esté sometido a variaciones drásticas, con el objetivo de que las distintas administraciones puedan planificar de manera adecuada el futuro de sus redes de transporte colectivo -España es el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de estas características-.
Impacto positivo del transporte público
Por último, convertir en estructural el sistema de bonificaciones al precio del transporte público implantado en los últimos años -y que ha dado unos buenos datos en número de pasajeros- será otro de los retos a los que se tendrá que enfrentar el gobierno en años en los que sea necesario un mayor rigor presupuestario.
La promoción del transporte público no solo es una cuestión medioambiental, sino que también tiene un impacto positivo en otros ámbitos de la sociedad. Más transporte público garantiza el derecho a la movilidad a todas las personas con independencia de su renta, vertebra el país, y puede convertirse en una de las soluciones al gravísimo problema de acceso a la vivienda en las grandes ciudades.
En resumen, el impulso al transporte colectivo no solo es una necesidad urgente en la lucha contra el cambio climático, sino que también representa una oportunidad para construir una sociedad más equitativa y sostenible. Es momento de consolidar la promoción del transporte público como una verdadera política de Estado para avanzar hacia un sistema moderno, eficiente y accesible para todos.
