La hoja de ruta macroeconómica que ha entregado el Gobierno central a Bruselas para su examen incluye medidas que afectarán de lleno la movilidad. El incremento de la recaudación por impuestos de 5.654 millones se basa, entre otras patas, en un aumento de la presión fiscal sobre los conductores a través de lo que denomina la nueva "fiscalidad verde". La penalización del diésel respecto a la situación que tenía en 2018 reportará a las arcas públicas más de 1.000 millones.
El Programa de Estabilidad 2019-2022 que ha remitido el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a la Comisión Europea dedica un apartado específico a la nueva "fiscalidad verde", o lo que es lo mismo, al incremento de los impuestos sobre el gasóleo con el argumento de favorecer una movilidad con menos emisiones contaminantes.
Oídos sordos al sector
El punto de partida ha sido ampliamente rebatido por el sector del automóvil, que advierte del error técnico y político que supone identificar el diésel como un carburante más sucio que la gasolina ya que los nuevos coches de gasóleo emiten menos CO2 y casi el mismo nivel de óxidos de nitrógeno que los de gasolina.
A pesar de los llamamientos a la "neutralidad tecnológica" que reclaman los fabricantes y los vendedores de vehículos como base para la política fiscal y anticontaminación, el Ejecutivo ha mantenido en su hoja de ruta revisada la subida del impuesto especial de hidrocarburos que incluían los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que fueron rechazados por el Congreso dando lugar a la convocatoria de elecciones.
En estos momentos, la subida del gasóleo planeada por el Gobierno entraría en vigor, si salen aprobados unos nuevos Presupuestos, en 2020. El impacto será de un aumento de la recaudación de 670 millones de euros, según las previsiones del Ejecutivo, que desmiente que se trate de un 'dieselazo' al cuantificar el efecto en el bolsillo del usuario en 3,8 céntimos por litro, es decir, unos dos euros más por llenar el depósito.
Subida autonómica del diésel
"Esta medida pretende iniciar la senda para equiparar progresivamente la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, en línea con las recomendaciones internacionales, y sin afectar a transportistas y agricultores. No persigue, por tanto, un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medio ambiente, a través de una correcta internalización de externalidades negativas", argumenta el Gobierno en el documento.
Sin embargo, aunque la subida prevista por el Ejecutivo se retrasa un año, hasta 2020, hay otra medida que encarece el litro de gasóleo que ya ha entrado en vigor. Se trata del incremento del tipo máximo del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos en algunas autonomías que lo tenían más bajo. Esta subida supondrá un aumento de la recaudación para esas comunidades de 342 millones de euros en 2019.
