El debilitado mercado automovilístico puede sufrir un golpe añadido en 2021 en Cataluña con el inicio del cobro del nuevo y único impuesto sobre el CO2 creado en exclusiva por la Generalitat. En un momento en el que las ventas de coches han agravado su caída en el inicio de 2021, las patronales catalanas Foment, Fecavem y UPM han instado al Govern a parar el impuesto y aplazarlo hasta 2023 para no empeorar todavía más la situación del sector.
La Generalitat tiene previsto activar a partir de mayo de 2021 el primer cobro del nuevo impuesto sobre emisiones de CO2 creado a raíz de la ley de cambio climático catalana. Como concesión a la situación creada por la pandemia, la Generalitat anunció a final de 2020 una suavización del nuevo gravamen "dada la excepcionalidad de la situación económica actual provocada por los efectos generados por la Covid-19".
Las concesiones del Ejecutivo de Pere Aragonès se han hecho mediante la aplicación de la tarifa más baja prevista y la exención de los turismos y motos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y las furgonetas que no superen los 160 gramos.
Hasta 200 euros por coche al año
Pero estas medidas no son suficientes para los concesionarios agrupados en Fecavem, la patronal metalúrgica UPM y Foment del Treball, que han pedido al consejero de Territori, Damià Calvet, que aplique una moratoria hasta 2023. "No es el momento de incrementar la presión fiscal mientras dura la crisis generada por el Covid. Además, este nuevo ejercicio que comienza no hace prever buenos escenarios a corto ni a medio plazo", según señalan las patronales en una carta enviada al consejero.
Las matriculaciones de coches cayeron en 2020 un 28,7% con 123.654 vehículos, lo que supone un descenso por debajo de la media de toda España del 32,3%.
Para las organizaciones empresariales, "este nuevo impuesto no aporta una contribución significativa a las arcas de la Generalitat" y lamentan que no se tenga en consideración el esfuerzo que supone a muchos ciudadanos y empresas afectados por expedientes de empleo (ERTE), las restricciones y el endeudamiento que han sufrido para hacer frente.
Según las patronales, el nuevo impuesto puede suponer un desembolso que llega hasta 200 euros en función de los niveles de emisiones de CO2. Además, advierten de que este gravamen no se aplica en ninguna otra comunicad autónoma. El anuncio del impuesto ya provocó en años anteriores una huida de empresas y matriculaciones de vehículos de flotas para esquivar el pago de un sobrecoste que se pueden evitar en otras autonomías.
Dificultades técnicas
Hasta ahora, las numerosas alegaciones sufridas por el impuesto del CO2 no han conseguido frenarlo. Sin embargo, sí se ha retrasado debido a la incapacidad de la Generalitat para desarrollarlo técnicamente. Ese paso se dará, según anunció el Govern, en mayo de 2021 con la publicación del censo de vehículos matriculados en Cataluña y la cantidad que le corresponde pagar a cada uno de ellos.
Ese censo nace cuestionado por las patronales, que denuncian el "desconcierto" ante la falta de claridad sobre los criterios de aplicación por la ausencia de algoritmos matemáticos. Una de las dificultades que han tenido que afrontar los técnicos de la Agencia Tributaria de la Generalitat es establecer una fórmula para calcular las emisiones de CO2 de las motos que, por su antigüedad, carecen de datos oficiales. "El juego de equilibrios es difícil, pero hace falta tener un orden de prioridades si quremos, entre todos, salir adelante", advierten.
