Los despachos de ministros y de grupos parlamentarios se han convertido estos días en un desfile de los directivos del sector del automóvil en una ofensiva para cambiar los impuestos que pagan los coches. La ofensiva de Anfac, Ganvam y Faconauto coincide con el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales de 2018 en el Congreso de los Diputados. El objetivo es que la fiscalidad de los vehículos se aplique por el uso y no por la compra y que se base también en las etiquetas ambientales.
Visita de Anfac a la vicepresidenta
El presidente de Anfac y vicepresidente de producción de Renault, José Vicente De los Mozos, ha compartido varias horas durante dos días con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Primero en la presentación del nuevo plan industrial de Nissan en Ávila y el jueves pasado en una entrevista en la Moncloa en su calidad de presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles implantados en España. Uno de los temas principales que planteó De los Mozos es la necesidad de reformar de arriba a abajo el sistema fiscal que se aplica sobre los vehículos para favorecer los vehículos menos contaminantes sin perjudicar a priori la nueva generación de coches diésel más eficientes. Anfac enmarca la entrevista con la vicepresidenta en los contactos de la organización con los ministros y responsables del Gobierno relacionados con la industria y el sector de automoción.
Ganvam se entrevista con los grupos parlamentarios
Algo similar está haciendo la Asociación de Vendedores de Automóviles (Ganvam) con una rueda de contactos con los responsables de los grupos parlamentarios con el fin de explicarles la propuesta del sector para llevar a cabo una reforma fiscal. En los próximos días tiene previsto completar las entrevistas con todos los grupos presentes en el Parlamento "respondiendo a la necesidad de que el Gobierno escuche al sector antes de legislar para adecuarse a la realidad", según ha explicado Ganvam.
Nueva fiscalidad del automóvil
¿Qué pide el sector del automóvil en la nueva fiscalidad? Para empezar, piden que se cumpla su vieja reivindicación de suprimir del todo el impuesto de matriculación, que actualmente pagan un 26% de los vehículos y que está ligado a los niveles de emisiones de CO2 exclusivamente. Por otro lado, el sector quiere que los impuestos sobre los coches se basen en su USOC con un impuesto de circulación que no tengan en cuenta los criterios tradicionales de la cilindrada y la potencia, sino sus emisiones de gases en función de la etiqueta ambiental y del estándar europeo que cumplen. De esa manera, la fiscalidad tendría en cuenta también no solo las emisiones de CO2 sino también de óxido de nitrógeno, el gas nocivo que las grandes ciudades quieren reducir y que está llevando a numerosas urbes a poner en marcha restricciones de tráfico. "Con medidas de este tipo se evitará además lanzar mensajes equivocados, demonizando al diésel que, como en el caso de los nuevos Euro 6, no sólo cumple los objetivos medioambientales sino que emite ya menos CO2 que un coche de gasolina", indica Ganvam en un argumento que comparten también los fabricantes.