El sector de automoción negocia a marchas forzadas con los ministerios de Industria y Transición Ecológica una alternativa que evite los efectos negativos sobre la industria y el mercado de la aplicación de la normativa de emisiones WLTP. A partir de la entrada en vigor el 1 de enero de 2021 del nuevo protocolo más exigente en las mediciones de gases, una buena parte de los modelos de automóviles a la venta sufrirán importantes subidas del precio que pagan los consumidores.
A final de 2020 se acabará la moratoria que acordó el Gobierno en 2018 para la entrada en vigor de los nuevos valores de emisiones del protocolo WLTP. Los niveles que se mantienen legalmente son los llamados correlados, que hacen refrencia al anterior sistema de medición de gases, que era menos exigente al incluir principalmente pruebas de laboratorio y no de tráfico real. Con la normativa WLTP, las emisiones de la mayoría de los vehículos se incrementan, por lo que una buena parte de turismos tendrán que pagar impuesto de matriculación, del que estaban exentos al emitir un máximo de 120 gramos de CO2. En otros casos, se encarecerá el pago del impuesto al saltar a un tramo superior.
Efectos negativos
El incremento de precios debido al efecto fiscal supondría una caída del mercado estimada entre el 30% y el 35% en 2021, según las estimaciones del sector de automoción, que se sumaría al descenso de entorno al 30% que van a experimentar las ventas este año (actualmente es del 37%) y a la enorme incertidumbre que está viviendo el sector.
La petición de la industria española no es exclusiva, ya que sigue los pasos del sector en Francia y Portugal, países en los que ya se ha conseguido elevar el rango del WLTP un 20%, pasando de 120 gr/km a 140. Esa medida suavizaría el efecto fiscal en lo que tienen que pagar los compradores.
De aplicarse la medida tal como está redactada supondría el encarecimiento de un 75% de la gama de modelos que se producen en las fábricas españolas, que se enmarcan en la gama baja y media, lo que afectaría a la venta de estos vehículos e indirectamente a la actividad industrial y al empleo.
Neutralidad impositiva
Un portavoz de Renault, con fábricas en Valladolid, Palencia y Sevilla, destacó que el objetivo del sector es tener “una neutralidad impositiva y una fiscalidad centrada en el uso de los vehículos que es cuando producen emisiones, y no en su compra”.
Las organizaciones empresariales del automóvil están pidiendo una respuesta rápida para despejar nuevas incertidumbres en un año especialmente difícil por el impacto de la pandemia y de la crisis económica desencadenada.
