La red de puntos de carga de vehículos eléctricos sufre otro problema grave, además de tener una dimensión reducida. La existencia de monopolios en algunas áreas controladas por algunos operadores, así como la falta de transparencia en las tarifas por falta de interconexión de los puntos y las barreras que ponen algunas administraciones también amenazan la extensión del coche eléctrico, según un estudio llevado a cabo por la Autoridad de Competencia de Cataluña.
Los datos que ofrece el pormenorizado estudio publicado por el organismo que persigue las prácticas contrarias a la competencia son contundentes y refrendan las quejas de numerosos usuarios de vehículos eléctricos. Los principales monopolios detectados se concentran en la red de carga rápida, que también es la menos dotada en estos momentos. De los 686 puntos analizados, el 34% (un total de 235 puntos) tienen una cuota de mercado en sus respectivas áreas de influencia del 100%, es decir, son monopolios absolutos.
Además, otro 13% (90 puntos) rozan la situación monopolística al tener una cuota de mercado del 70% al 99%. A continuación, otro 25,5% tienen una posición de dominio elevado al tener una cuota comprendida entre el 40% y el 69%. La conclusión de la Autoridad de Competencia de Cataluña es que casi tres cuartas partes tienen una cuota de mercado elevada o muy elevada.
Punto de carga para coches eléctricos de Repsol
Operadores con más puntos de carga
"Generalmente, los puntos con una cuota de mercado baja tienden a estar situados en núcleos urbanos, donde la variedad de operadores es mayor; mientras que los puntos de carga que son monopolios suelen estar más dispersos en el territorio", destaca la investigación.
El nuevo mercado de la recarga rápida de acceso público fuera de las vías rápidas está concentrada en manos de unos pocos operadores encabezados por Endesa con 76 puntos en situación de monopolio, el 51% del total. Le sigue Etecnic con 66 puntos y el 43% del total e Iberdrola, 24 puntos y 30%.
Además, existen algunas situaciones de monopolios focalizados en municipios como Barcelona, donde la red municipal Endolla tiene una cuota de mercado de entre el 70% y el 99% con 79 puntos de carga rápida. "El operador público del Ayuntamiento de Barcelona, que ha realizado un despliegue de infraestructura de recarga significativo en la ciudad, se ha convertido en el operador dominante del municipio", afirma el estudio de la Autoridad de Competencia.
Punto de carga de coches eléctricos Endolla Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Monopolios en autopistas
En el mercado de los puntos de carga que no son rápidos, la compañía Etecnic tiene una posición monopolista en un total de 50 municipios catalanes seguida de Endesa X en 39 poblaciones. Barcelona vuelve a ser un microclima debido a que la red municipal Endolla es monopolista en cuatro distritos postales y tiene una posición de dominio en 23 códigos postales.
"Generalmente -dice el organismo público- , se observa cómo en las áreas urbanas más pobladas tiende a haber un menor grado de concentración de mercado. Este resultado es esperable, dado que los lugares con mayor demanda potencial del servicio de recarga son más atractivos para la entrada de múltiples operadores".
El informe también pone el ojo sobre los puntos de carga en las principales autopistas. Aquí la situación no es tan preocupante como en el caso de las ciudades puesto las prácticas monopolistas de concentran en la AP-7 en el tramo de Granollers a La Jonquera, con 20 puntos superrrápidos con una cuota del 70% al 80% y dos sin competencia.
Más competencia para precios asequibles
Segun el organismo, "la competencia es imprescindible en el sector para disponer de un número suficiente y bien distribuido de puntos de recarga". A su juicio, para asegurar que el sector se desarrolle de manera competitiva y garantizar un servicio de calidad con precios asequibles, "es necesario asegurar la libre entrada y la transparencia en el sector".
La Autoridad de Competencia recomienda homogeneizar la aplicación de la normativa para la instalación de puntos, la agilización de estos trámites y, en general, la reducción de la carga administrativa así como identificar posibles barreras de entrada injustificadas. La entidad propone que los criterios de concesión de ayudas o financiación pública para la instalación de puntos tomen en consideración el grado de concentración y la competencia existente en el mercado.
Pero las propuestas del organismo van más allá: propone limitar el número de puntos a los que puede optar un mismo operador, o prohibir que se puedan adjudicar al mismo operador más de un determinado número de puntos consecutivos.
