La exasperante lentitud que sufren los promotres de puntos de carga de coches eléctricos en recibir todas las autorizaciones tiene una lista de culpables que se van conociendo. Una parte del problema se debe a ayuntamientos que han decidido desoír la normativa estatal para agilizar la tramitación administrativa y que ahora tendrán que dar explicaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a la denuncia presentada por la asociación Aedive.
La entidad que agrupa empresas relacionadas con la movilidad eléctrica considera que un centenar de ayuntamientos incumple la norma para agilizar infraestructuras públicas de recarga al poner una "barrera al libre mercado". La denuncia se debe a la negativa de estos ayuntamientos a admitir la declaración responsable que establece un real decreto ley para evitar el papeleo habitual de una obra como esta.
Desde la asociación se ha recabado información a los operadores de recarga respecto a ayuntamientos que no aceptan la declaración responsable establecida la citada norma para instalar infraestructura de recarga pública. Aedive determina que hay más 90 casos de ayuntamientos que no admiten dicho trámite y solicitan la tramitación de este permiso como una licencia de obras, anulando una de las ventajas que el real decreto ley ofrece a los operadores de recarga para acelerar el despliegue de puntos públicos.
Cataluña, la más incumplidora
Cataluña es la comunidad que cuenta con más municipios que ponen palos a las ruedas de la electromovilidad, con 24, seguida de Aragón (9); Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, con 8 municipios cada uno, y Castilla y León (7). Otros municipios se reparten entre País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja, a tenor de los datos de la asociación.
Para el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, "lo más sangrante" es que entre los ayuntamientos que no admiten la declaración responsable hay ciudades de más de más de 50.000 habitantes "que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligación pero que la desoyen". En otros casos, en cambio, "el consistorio no tiene contemplado dicho trámite en su sede electrónica”, concluye.
