El anuncio de la puesta en marcha de un nuevo impuesto sobre el CO2 en Catalunya sigue cobrándose víctimas. Además de provocar un desplome en las matriculaciones de coches para flotas de renting y de alquiler, algunos municipios catalanes que se habían caracterizado por convertirse en paraísos fiscales han caído en desgracia.
El caso más paradigmático es el de Aguilar de Segarra (Osona), que ha sufrido de un año para otro una caída en sus ingresos por impuesto de circulación del 77,5%, según publica el diario Ara. La recaudación por este tributo, que el Ayuntamiento de Aguilar de Segarra tenía en el tipo mínimo legalmente posible, ha pasado de 1,2 millones de euros en 2017 a 280.350 euros en 2018 debido a la fuga de empresas que han trasladado su domicilio fuera de Catalunya para ahorrarse el pago del nuevo impuesto.
El traslado de domicilio lleva aparejado también el traslado de decenas de miles de vehículos que estaban radicados en Aguilar de Segarra. El parque automovilístico del pequeño municipio de 277 habitantes censados se incrementó hasta los 226.884 vehículos por cada 1.000 habitantes frente a un índice de 573 en la ciudad de Barcelona.
Retraso del impuesto del CO2
La mayor parte de los coches que han huido del municipio de la Canatalunya central están domiciliados ahora cerca de Madrid. según el alcalde de Aguilar de Segarra, Valentí Riera, que considera muy difícil recuperar las flotas de vehículos perdidas. El alcalde compara el descalabro sufrido en el Presupuesto municipal con el cierre de una gran empresa "aunque sin los efectos negativos de la pérdida de puestos de trabajo".
La suerte para los habitantes del pueblo es que pueden disfrutar de inversiones como la piscina, que se han financiado gracias a los ingresos extraordinarios recibidos en los últimos años.
El nuevo impuesto sobre el CO2 de Catalunya se encuentra en fase de implementación aunque sufre una demora debido a las dificultades técnicas de la Generalitat para determinar el censo de vehículos que deberían abonar el tributo. Las aosicaciones de fabricantes y vendedores de vehículos advirtieron al Govern de la complejidad técnica del impuesto y de sus efectos colaterales, como la deslocalización de flotas.
