Ahora que llega la hora de pagar el nuevo impuesto sobre el CO2 para los vehículos en Cataluña, han emergido numerosos problemas por cobros indebidos. Tenemos que decir que en la web Coche Global ya advertimos que esto pasaría a la vista de las chapuzas que hemos podido comprobar y que ahora se han confirmado y han crecido incluso. Hasta el punto de que los concesionarios catalanes han pedido a la Generalitat que paralice todo el proceso de implantación del nuevo tributo para evitar "un perjuicio mayor".
La lista de errores garrafales se va alargando cada vez más. En Coche Global pudimos comprobar que las emisiones de CO2 estaban mal calculadas con casos en los que la cifra superaba de forma sustancial el nivel que consta en la ficha oficial del vehículo, y otros en los que sucedía lo contrario al dar una cantidad de dióxido de carbono más baja que la que consta en la homologación.
Además, en los últimos días, una vez que los usuarios han empezado a recibir los avisos de cobro de la Agencia Tributaria de Cataluña, han aparecido nuevos casos de coches robados y de los que se perdió la pista pero que aparecen en el censo del impuesto del CO2 de los vehículos de la Generalitat catalana. Asimismo, hay otros casos de turismos dados de baja temporal, y que por tanto no circulan y no emiten CO2, que también tienen que pagar, según las denuncias de varios usuarios a RAC 1.
Aragonès y Calvet, al frente
En el caso de las empresas, esos errores se multiplican, tal como ha denunciado Fecavem con casos de compañías con hasta 600 vehículos con equivocaciones. Por tanto, el nuevo impuesto se enfrenta a una avalancha de recursos, según vaticina la patronal, aunque los usuarios afectados tendrán que pagar el impuesto antes de presentar un farragoso recurso y esperar que la maquinaria administrativa les devuelva el dinero cobrado de forma indebida.
La Generalitat se escuda en el censo de vehículos que le proporcionó la DGT, aunque este organismo alerta de que el impuesto depende de la Generalitat. Aunque se trata de un impuesto nuevo y único en toda España, tiene en cuenta las emisiones de CO2, igual que sucede con el impuesto de matriculación que se paga una única vez en el momento de la compra y registro del vehículos. Ese impuesto lo gestionan también las comunidades autónomas y sus ingresos van a parar a sus cajas.
Incoherencias de la Generalitat
Sin embargo, se ha despreciado esa base de datos, que contiene la cifra de emisiones sin errores, y se ha optado por poner en marcha un algoritmo diseñado específicamente para este gravamen y que se ha podido comprobar que se aplica con resultados equivocados. La DGT debería ser la fuente únicamente para saber si un vehículo circuló o no en el año anterior, aunque la Generalitat parece que también ha hecho oídos sordos a esa información.
Este medio ha podido comprobar fallos e incoherencias en el nuevo tributo que se puso en marcha cuando Pere Aragonès, como consejero de Economia, era el máximo responsable de la Agencia Tributaria de Cataluña y Damià Calvet era el responsable de la normativa desde la Conselleria de Territori, troceada ahora en varios departamentos.
En respuesta a una consulta efectuada, la agencia aclaró que los vehículos que hayan sido robados y que formalmente constan como de baja temporal quedan exentos de pagar el nuevo impuesto anual. Sin embargo, hay propietarios de vehículos en esa situación que han recibido el aviso de cobro y que tendrán que pagar y luego presentar un recurso.
Sin respuesta cinco meses después
La comunicación oficial de la Generalitat, que todavía no ha llegado a muchos automovilistas a pesar de que debería haberlo hecho en octubre, no se produjo en el momento en el que se permitían alegaciones al censo hasta principios de junio. En ese caso, la agencia se limitó a colgar en la página web el censo para que se pudiera consultar y enmendar, pero sin informar personalmente a los afectados.
Pero la chapuza en relación con este impuesto se aprecia también en la respuesta de la agencia a los primeros recursos con motivo del censo. Esta web también ha podido comprobar que una solicitud de rectificación enviada a principios de junio recibió un acuse de recibo pero ninguna respuesta por parte del organismo cinco meses después.
La avalancha de pifias que han emergido son la historia de una chapuza anunciada, como un déjà vu. El nuevo impuesto sufrió un gran número de alegaciones por parte de patronales de fabricantes de automóviles, de concesionarios, de marcas de motos y de otras entidades que advertían a la Generalitat del riesgo de errores en el censo, además de advertir de efectos económicos negativos como la fuga de las empresas de flotas de vehículos.
