Más de una decena de empresas, que incluyen los grandes grupos constructores y de infraestructuras de España, han sido acusados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de repartirse el pastel del negocio de la conservación de carreteras, una actividad esencial para la seguridad vial.
La CNMC ha incluido a Ferrovial Servicios en el expediente sancionador a más de una decena de empresas encargadas de la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, por presuntamente repartirse las licitaciones de Fomento.
Según ha anunciado el organismo, la decisión ha sido adoptada tras valorar la documentación del expediente, incluyendo la recabada en las inspecciones a las sedes de algunas empresas, por posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Grandes grupos constructores
En julio de 2019, la CNMC anunció la apertura de dicho expediente sancionador a Acciona Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz, Acciona; Aceinsa Movilidad; Alvac; Api Movilidad y su matriz, ACS; Asfaltos y Construcciones Elsan y su matriz, OHL.
También se dirige contra Audeca y su matriz, Elecnor; Elsamex; Ferroser Infraestructuras y su matriz, Ferrovial; Innovia Coptalia y su matriz, Copcisa; Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz, FCC; SA de Obras y Servicios Copasa; Señalizaciones Villar; Sacyr Conservación y su matriz, Sacyr.
En virtud del programa de clemencia, la Comisión recuerda que las empresas que colaboren en el desmantelamiento del cártel podrían verse exentas del pago de la correspondiente multa o ver reducida su cuantía y, además, no les sería de aplicación la prohibición de contratar con la administración pública.
Plazo para la sanción
Ahora, el organismo recuerda que la ampliación del expediente a las compañías encargadas de la conservación de carreteras "no prejuzga el resultado final de la investigación", y aclara que se mantiene vigente el periodo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del procedimiento.
La incoación del expediente llegaba meses después de que la CNMC multara a 15 empresas -Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS), Inabensa, Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Citracc- con 118 millones de euros por amañar los concursos públicos convocados por el gestor ferroviario ADIF.
La investigación de los cárteles es, para la CNMC, una de sus prioridades de actuación, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.
