La Comisión Europea tendrá que evaluar cada dos años las restricciones hasta la prohibición de la venta de coches de gasolina y diésel da los frutos esperados en forma de reducción de las emisiones contaminantes, pero también posibles efectos adversos. Esa es una de las condiciones que ha puesto el Parlamento Europeo en la aprobación final del paquete normativo que incluye el veto a la venta de vehículos de combustión a partir de 2035.
El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean "cero emisiones", lo que en la práctica supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos. Sin embargo, deja la puerta abierta a la implantación de combustibles sintéticos y ecológicos si logran eliminar las emisiones.
Último trámite pendiente
Tras la adopción en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia) por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones, solo queda el visto bueno formal por parte de los Veintisiete para que estas nuevas reglas puedan entrar en vigor. La nueva norma forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en el horizonte de 2030 (respecto a 1990) y es la primera medida concreta de la batería de iniciativas que salió adelante.
Entre las claves de la reforma figura el encargo de una nueva metodología para recabar y evaluar datos de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del parque automovilístico ligero durante todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados en el mercado único. La Comisión Europea deberá presentar esta metodología a más tardar en 2025, incluida con las reformas legislativas si fueran necesarias para su desarrollo.
Bruselas también recibe el encargo con esta nueva normativa de realizar un informe bianual a partir de 2025 para evaluar si se está avanzando al ritmo adecuado en el conjunto de la UE hacia el objetivo vinculante de cero emisiones; un análisis que deberá también valorar el impacto de la reforma en los consumidores y en el empleo así como la evolución del mercado de vehículos de ocasión.
Control de emisiones
En el control de las emisiones de los nuevos vehículos, los expertos comunitarios vigilarán la diferencia entre los valores límite de emisiones y los datos de consumo real de carburante y energía para ir ajustando las emisiones específicas medias de CO2 de los constructores a partir de 2030.
"Si queremos reducir las emisiones de CO2, tener una movilidad asequible, sostenible y limpia y transformar nuestra industria, tenemos que votar a favor de este reglamento", ha defendido el eurodiputado del PSOE y vicepresidente de la comisión de Medio ambiente de la Eurocámara, César Luena, en un comunicado en el que los socialistas reprochan al Partido Popular Europeo (PPE) el voto en contra del acuerdo.
A ojos del PPE, según ha explicado su portavoz en la negociación de la norma, Jens Gieseke, la prohibición de los motores de combustión supondrá nuevos coches "más caros", la pérdida de "miles de puestos de trabajo" y llevará a la industria europea al "declive". "Europa está conduciendo su industria automovilística hacia un callejón sin salida", ha remachado.
Apoyo a la automoción
Desde Ciudadanos, la eurodiputada Susana Solís ha expresado el apoyo a la transición hacia el coche eléctrico, si bien ha advertido de la necesidad de prever medidas de acompañamiento para la transformación de la industria, en especial en regiones como "Castilla y León, Navarra, Aragón o Galicia", en donde "miles de familias", dice la eurodiputada, dependen del sector.
El vicepresidente de Los Verdes europeos y eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ha celebrado, por su parte, el liderazgo de la Unión Europea en la electromovilidad, a favor de "un transporte más limpio, la neutralidad climática y una mayor competitividad".
Urtasun también ha defendido que la nueva norma garantiza "seguridad de planificación para el cambio a la e-movilidad, refuerza a la UE como emplazamiento automovilístico y protege la salud de la ciudadanía", al tiempo que ha pedido impulsar ahora la producción de baterías y de la infraestructura de recarga.
