El debate medioambiental en torno al automóvil está de moda. Alguien, por algún motivo que no alcanzamos a entender, o quizás sí, pretende cargar sobre nuestro sector el gran peso de la contaminación en las ciudades, cuando nuestra parte alícuota se estipula entre el 25% y el 35%. Esto se hace poniendo en entredicho un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la movilidad.
El desconocimiento del desarrollo tecnológico de nuestros automóviles modernos y eficientes y la agitación electoral de la bandera “verde” pone en riesgo miles de empleos y hace que no sirvan para nada los grandes avances que las nuevas tecnologías incorporan para evitar los niveles de contaminación de hace una década.
Desde las redes de concesionarios españoles, recuerdo que somos 2.300 con 162.000 trabajadores, llevamos tiempo alertando del efecto en cadena que podría acarrear seguir recibiendo ataques injustificados y sin base técnica que los sustenten. Debemos cuidar el 10,5% del PIB que representa el automóvil y eso solo será posible con un plan. No es tan difícil.
Compromiso con el coche eléctrico
La ministra de Hacienda anunciaba hace unas semanas que el 30% de lo recaudado por la subida del impuesto al diésel (201 millones de euros) iría a parar a un plan para renovar el parque, pero sólo previsto para la adquisición de coches eléctricos e híbridos. La medida va en línea con lo que el sector (y me atrevería a decir, la sociedad) está planteando desde hace años, pero limitar el cambio de vehículo a esas dos tecnologías lo hará poco eficiente e impedirá alcanzar sus objetivos.
Un plan para renovar el parque debe ser neutral tecnológicamente, es decir, debería contemplar todos los combustibles y convivir además con otro específico para impulsar los vehículos propulsados por energías alternativas e instalación de infraestructura de recarga para dichos vehículos. Seamos ambiciosos para quitar de la circulación los coches más contaminantes e inseguros.
El vehículo eléctrico, cuya gama es cada vez es más amplia y con mayor autonomía, seguro que será, en un futuro próximo, una de las palancas que nos permitirán un desplazamiento más eficaz y limpio. Pero no será hasta que las autonomías y recargas rápidas permitan al usuario desplazamientos de largo recorrido. Estamos cerca de conseguirlo, y el compromiso de los concesionarios para su impulso es total. Necesitamos ese mismo compromiso por parte de las Administraciones Públicas, que deberían contemplar la movilidad eléctrica como algo estratégico, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Esto se tiene que traducir en una apuesta presupuestaria ambiciosa y continuada para su impulso; de lo contrario, se confirmarán las peores previsiones: según nuestros datos, hasta 2022 no conseguiremos que sus ventas se acerquen al 10% del total. Mientras, las matriculaciones de eléctricos se estancarán o incluso caerán.
Prohibición de un derecho fundamental
Las prohibiciones siempre caen sobre las espaldas de los que menos recursos tienen. Imponer una tasa al diésel, y con ello pretender incentivar la venta de vehículos eléctricos, es pedirnos a todos ingresar en una hucha donde solamente podrán acceder unos pocos. El propietario de un vehículo eléctrico hoy tiene que hacer una inversión mayor y, en la mayoría de los casos, disponer de plaza de garaje en propiedad.
Esperamos que durante la tramitación de los presupuestos no se busque en el automóvil y el medio ambiente una excusa fácil para subir impuestos. El automóvil ya no admite más tributación y los grandes creadores de empleo que hemos sido concesionarios y fabricantes de automóviles y de componentes podemos dejar de serlo. Históricamente, las caídas en el automóvil anticipan situaciones difíciles ya vividas tristemente para el empleo y la riqueza en nuestra todavía no totalmente recuperada economía.
Aprovechemos las oportunidades que las nuevas formas de movilidad y propulsión nos brindan, las redes de concesionarios de este país ya lo hacemos, instalando puntos de recarga, formando a nuestros equipos en estas nuevas tecnologías e invirtiendo dos mil millones en formación, cantidad nunca vista.
Esta apuesta de los empresarios que creamos riqueza local debe ser acompañada por un plan, no nos cansamos de repetirlo. Esperamos que la mesa por la movilidad creada por el Ministerio de Industria sirva para poner cordura en este debate que tanto nos perjudica a todos, pero sobre todo a los ciudadanos que asisten estupefactos a la prohibición de uno de sus derechos fundamentales, cosa que, a mi juicio, no debemos permitir.
