El dieselgate de Volkswagen se ha convertido en un fraude global. Después de los multimillonarios acuerdos en Estados Unidos y los juicios inacabables en Europa, Volkswagen deberá pagar una multa de 125 millones de dólares australianos (76 millones de euros) por la manipulación de emisiones de gases en sus vehículos diésel en Australia, según una decisión del Tribunal Superior del país.
La máxima instancia judicial de Australia rechazó una apelación de Volkswagen a un fallo emitido inicialmente en diciembre de 2019 por el Tribunal Federal del país, que le ordenaba pagar esos 125 millones de dólares locales de multa por violar la Ley Australiana de Consumo y que fue corroborada en abril pasado por el pleno de magistrados.
Multa récord en Australia
"La decisión de hoy supone que se mantiene la multa récord de 125 millones de dólares (australianos) impuesta por el Tribunal Federal", dijo en un comunicado Rod Sims, presidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), que emprendió en 2016 una batalla judicial contra Volkswagen por este asunto.
La multa a Volkswagen, la más alta impuesta en Australia por contravenir la ley de los consumidores, se debe a que la justicia australiana consideró que el fabricante debió revelar la información correcta sobre las emisiones a las autoridades del país cuando solicitó la aprobación para vender 57.000 coches diésel en Australia entre los años 2011 y 2015.
Emisiones camufladas
La ACCC precisó que Volkswagen no reveló que los vehículos estaban equipados con un programa informático de "dos modos", que hacía que funcionaran en un modo a efectos de las pruebas de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y en otro cuando se conducían. "Si se sometían a la prueba en ese segundo modo, los vehículos habrían incumplido las normas australianas sobre emisiones", precisó el ente fiscalizador australiano en un comunicado.
Volkswagen, que afronta querellas por el dieselgate en España y Alemania y ha aceptado pagos millonarios en Estados Unidos, se comprometió en 2019 a pagar al menos 87 millones de dólares australianos (53,9 millones de euros) a los afectados.
