El avance de la electromovilidad depende, en gran medida, de las ayudas públicas que se dan a los que han decidido dar el paso y también de la disponibilidad de puntos públicos de carga de baterías. Ni una cosa ni la otra funcionan correctamente en España, lo que explica el retraso del país en el ranking europeo de electrificación. Además de reclamar más celeridad en la instalación de puntos de carga, Anfac ha planteado una centralización de la gestión del plan Moves para que sea más ágil y transparente.
En la actualidad no existe un único plan Moves 3, sino un total de 34 debido a la gestión autonómica a menudo dispar de los programas de ayudas a los vehículos ligeros y a los pesados en las 17 comunidades, según ha explicado José López-Tafall, director general de Anfac. Aunque el Idae, un organismo público del Gobierno central para la transformación energética, canaliza los fondos, la gestión se eterniza en las autonomías.
Cambios de gestión en el Moves 3
"Se necesita una gestión centralizada o bien aplicar los incentivos mediante la fiscalidad", ha asegurado López-Tafall en una rueda de prensa. Pero ha matizado que "hay muchas formas de recentralizar, como una mayor coordinación", que no contradicen la jurisprudencia que obliga a la descentralización del plan. "Hay maneras de facto para homogeneizar los procedimientos. Se puede utilizar la misma herramienta informática", ha indicado como ejemplo.
Con la situación actual, otra de las carencias del Moves es el grado de cumplimiento y otorgamiento de las ayudas a los usuarios por parte de las comunicades autónomas, por lo que no existe un ránking sobre el tiempo que tardan las administraciones en conceder las subvenciones. "Hace falta más transparencia y unificación de la información", ha subrayado el director general de la patronal de fabricantes.
A su juicio, no es tanto un problema de dotación presupuestaria, sino de gestión. El objetivo sería que la subvención llegue al comprador de los vehículos eléctricos de forma rápida para evitar la situación actual, en la que se tardan meses o más de un año en percibir el dinero. López-Tafall resume el problema de fondo del Moves: "El sistema actual no deja satisfecho a nadie, empezando por las administraciones".
El mapa de enchufes también falla
Para cumplir con el objetivo europeo, en 2030 sería necesario un parque de vehículos electrificados de 4,3 millones, una cifra muy alejada de la realidad actual en España. La realidad es que con las ventas actuales, ese objetivo es inalcanzable. La previsión es que en 2023 se vendan casi 100.000 vehículos electrificados.
La velocidad en el desarrollo del nuevo mercado de vehículos electrificados depende también de la disponibilidad de puntos de carga. A final de marzo de 2023, había en España 20.243 enchufes de acceso público para recargar coches eléctricos, a los que hay que sumar 6.475 que no está operativos, según una estimación de Anfac basada en datos de la plataforma colaborativa Electromaps. Entre las carencias se encuentra una base de datos oficial que permita saber cuántos puntos de carga existen. Hace unos meses, el Gobierno publicó las bases para tener información de la red de puntos en una aplicación pública como la que tiene Portugal desde hace tiempo.
El dato aparece en el último informe de la patronal de fabricantes de vehículos sobre el mapa de la infraestructura de recarga para vehículos electrificados en España. Además de ser todavía muy escasa en comparación con otros países, España tiene un problema de base de falta de datos públicos sobre los enchufes instalados. Para solventar esa carencia, Anfac elabora su estadística con datos de Electromaps, una plataforma colaborativa de Wallbox en la que los usuarios comunican dónde hay puntos de carga y en qué estado se encuentran.
Los datos de Anfac se acercan pero no coinciden con los de otras estimaciones. Al acabar el año 2022 había en España un total de 28.973 puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público IRVEs construidos, aunque solo estaban operativos 21.573, según el Anuario de Movilidad Eléctrica de Aedive. Un total de 7.400 puntos, el 34% de los enchufes instalados, no estaban operativos debido a que se encontraban a la espera de lograr las autorizaciones necesarias por parte de las administraciones o de las compañías distribuidoras eléctricas.
