Volkswagan acaba de perder otra batalla judicial relacionada con con el 'dieselgate' que puede ser decisiva de cara a aclarar los responsables del fraude en los motores. El Tribunal Constitucional ha denegado la pretensión de la multinacional de mantener en secreto un informe interno elaborado por el bufete Jones Day sobre los orígenes de la manipulación de motores diésel y autoriza su utilización en la investigación en marcha sobre la presunta implicación de Rupert Stadler, detenido cuando era presidente de Audi. El litigio por el informe secreto de Jones Day se remonta a marzo de 2017, cuando la Fiscalía de Múnich se incautó de documentos relacionados con la investigación interna en el registro del bufete Jones Day, que se hizo de forma simultánea a la entrada de la policía judicial en despachos de Audi. Los abogados del grupo Volkswagen recurrieron contra la utilización de la documentación sensible requisada y consiguieron una victoria temporal al aceptar el Tribunal Constitucional mantener en secreto el informe. Sin embargo, el Constitucional ha sentenciado hoy que los documentos incautados en el bufete Jones Day pueden ser incorporados en el sumario de la investigación abierta contra Rupert Stadler y Audi al considerar que se respeta el derecho a Volkswagen a participar en un proceso judicial que cumple con la legalidad.
Un informe interno y muy polémico sobre el 'dieselgate' en Vokswagen
La multinacional ha reaccionado con un breve comunicado en el que celebra la "claridad" que aporta el fallo del Tribunal Constitucional sobre asuntos legales pendientes, aunque reconoce que "no ha compartido la interpretación de la ley que hace Volkswagen". El grupo añade que las empresas que forman parte de la multinacional continuarán colaborando con las autoridades federales asumiendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El informe que encargó Volkswagen a Jones Day con la intención de llevar a acabo una investigación independiente del 'dieselgate' ha causado numerosos problemas a la compañía. Fue la base que se tuvo en cuenta para firmar un acuerdo de responsabilidad y de compensaciones con la justicia de Estados Unidos, que suma un total de 21.000 millones. En la junta de accionistas anual de 2017, el presidente del consejo de administración, Hans Dieter Poetsch, tuvo que emplearse a fondo para intentar justificar la negativa a la petición de divulgar los resultados del informe alegando motivos legales.
