Los coches eléctricos que se vendan entre la Unión Europea y el Reino Unido estarán exentos de aranceles durante tres años más gracias al acuerdo para retrasar la entrada en vigor de una parte del Brexit que endurecía las exigencias del origen de los componentes. La prórroga de la actual regulación será hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que evitar la aplicación de un arancel de un 10% en el comercio de vehículos eléctricos entre la UE y el Reino Unido.
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El Acuerdo de Cooperación y Comercio posterior al Brexit alcanzado entre Londres y Bruselas prevé que los vehículos eléctricos que se comercialicen entre el Reino Unido y la Unión Europea a partir de 2024 estarán sometidos a aranceles del 10% salvo que el 45% de sus componentes provenga de ambas regiones. A partir de 2027, se exigía que el 55 % de los componentes provengan de la UE o el Reino Unido para evitar la tarifa del 10%.
Esta cláusula de localización de componentes, diseñada para proteger el mercado de la invasión de coches de otros fabricantes como los chinos, estaba a punto de volverse en contra de los productores europeos y de las fábricas británicas. En el caso de los vehículos eléctricos, la mayoría de las baterías provienen de Asia y aún no hay capacidad en Europa para reemplazar el suministro, por lo que no se podría cumplir la estricta cláusula fijada años atrás.
Petición de los fabricantes
La decisión de la UE y del Gobierno inglés responde a la petición de las patronales de fabricantes europea (Acea) y del Reino Unido (SMMT), y a la solicitud que hizo en mayo el grupo francés Stellantis, que ya no es miembro de la asociación empresarial pero tiene producción en Reino Unido. La decisión beneficia especialmente a los fabricantes que han anunciado importantes inversiones para producir vehículos eléctricos y baterías en Reino Unido, como Nissan.
Con la prórroga acordada, se espera que la industria pueda adaptarse a los mayores requisitos de contenido local en 2027 ampliando la producción de baterías para vehículos eléctricos en este periodo, según explicó el Consejo en un comunicado. Para ello se concederán ayudas del orden de 3.000 millones de euros con cargo al Fondo de Innovación de la UE.
Para Acea, el acuerdo para extender tres años las normas de origen proporciona "una certidumbre muy necesaria" para la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en Europa. A juicio de la directora general de Acea, Sigrid de Vries, la decisión supone "el reconocimiento de que se necesita tiempo para construir cadenas de valor emergentes" y "una señal clara de que la UE está dispuesta a defender la competitividad de sus industrias crítica".
Sobrecoste de 4.300 millones
El acuerdo entre los países de la UE ha evitado potencialmente el pago de 4.300 millones de euros en costes arancelarios y ha salvado unas 480.000 unidades de producción de vehículos eléctricos, según Acea.
Para los fabricantes ubicados en Reino Unido, aplazar las normas de origen "es una victoria para los automovilistas, la economía y el medio ambiente", y "garantizará que los consumidores conserven la opción de modelos más amplia y asequible, en un momento en el que necesitamos que todos los conductores hagan el cambio".
