El proceso de reindustrialización seguido tras el anuncio de cierre de Nissan en Barcelona se ha convertido, pese a las dificultades, en un ensayo para el nuevo proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica aprobado por el Gobierno. El objetivo es reforzar los mecanismos para evitar deslocalizaciones y cerrar fábricas sin ofrecer alternativas estableciendo garantías adicionales de plazos y mecanismos de reindustrialización.
Garantías para la continuidad industrial
Entre las novedades del proyecto, las empresas que hayan recibido más de tres millones de euros en ayudas públicas durante los últimos cinco años estarán obligadas a mantener su actividad durante el periodo que marque la ley. La medida reduce el umbral inicial de seis millones.
Cualquier empresa que decida cesar su actividad deberá comunicarlo con al menos nueve meses de antelación y participar en una mesa de reindustrialización junto con el Ministerio de Industria, las comunidades autónomas afectadas y los sindicatos. Este foro buscará revertir el cierre o explorar soluciones para mantener las capacidades industriales y el empleo, siguiendo el ejemplo de lo realizado con Nissan en la Zona Franca de Barcelona. En ese caso, la marcha de la compañía japonesa, comunicada en plena pandemia, abrio un proceso para buscar otros inversores que concluyó con la adjudicación a un consorcio de empresas locales, junto al gigante inmobiliario y logístico Goodman, a los que posteriormente se ha unido el grupo chino Chery.
Blindaje contra la deslocalización
La nueva normativa pone especial énfasis en impedir la deslocalización de empresas beneficiarias de ayudas públicas. Aquellas que trasladen su actividad fuera del Espacio Económico Europeo deberán devolver el 100% de las subvenciones recibidas. Además, el texto prohíbe que una deslocalización sea utilizada como justificación para despidos, modificaciones de las condiciones laborales o descuelgues de convenios colectivos.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, subrayó que la Ley tiene como objetivo principal la reindustrialización del país y la protección del empleo. "Queremos garantizar autonomía estratégica, atraer nuevas inversiones, fomentar la innovación y la transición hacia una industria descarbonizada y digital", afirmó.
El texto también refuerza la colaboración público-privada, condicionándola a criterios de sostenibilidad medioambiental y mantenimiento del empleo. Según la ministra portavoz, Pilar Alegría, la Ley representa un "cambio de paradigma" respecto al marco legal vigente desde 1992, consolidando herramientas modernas y adaptadas a los retos actuales.
El proyecto de Ley de Industria será debatido en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. Desde Sumar, que ha liderado parte de las negociaciones, consideran que el texto supone un avance decisivo contra la deslocalización, marcando un hito en la protección del tejido industrial y el empleo en España.
