Mientras el coronavirus tiene a toda la economía paralizada y centenares de miles de empleados sin trabajo, las empresas se han encontrado con una sorpresa muy preocupante. La autoridad laboral ha empezado a denegar los expedientes de regulacion temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, lo que supondrá una abultada factura para las empresas y loa trabajadores. Patronales y sindicatos ya han advertido a la Administración de las consecuencias de este rechazo de la principal herramienta diseñada para evitar los despidos.
Mientras que el real decreto-ley 8/2020 publicado en el BOE el día 18 de marzo abría la puerta a lo que podria ser considerado como una especie de barra libre para los ERTE causados por el parón de la economía por las medidas contra el coronavirus, se está produciendo un goteo de resoluciones que rechazan estos expedientes por fuerza mayor. Por ejemplo, el Departamento de Treball de la Generalitat, dirigido por Chakir el Homrani (ERC), está aplicando un criterio restrictivo que ha llevado a denegar el ERTE por fuerza mayor que habia solicitado el proveedor del automóvil Lear para su planta de Tarragona.
Petición de las patronales
Treball considera que el ERTE que pide Lear se debe a un descenso en los pedidos pero no se trata de una causa de fuerza mayor, por lo que la empresa debería acogerse a un expediente temporal por causas productivas y económicas, según informa Eduardo Magallón en La Vanguardia. En cambio, el mismo departamento sí ha aceptado los ERTE por fuerza mayor de Seat y de Nissan argumentando que se deben a la falta de componentes por las restricciones de movilidad, que incluyen el bloqueo de algunos proveedores estratégicos en Igualada, la zona cero de Cataluña con más contagios de Covid-19.
Las patronales del sector del automóvil han reclamado más claridad en la aplicación del deceto que flexibilizó los ERTE por fuerza mayor. "Consideramos clave que la solicitud de ERTE en base al criterio de fuerza mayor se pueda fundamentar de forma clara y uniforme en todas las Comunidades Autónomas y bajo el mismo criterio", destacan la asociación de proveedores (Sernauto) y los clústeres de automoción de España.
"Solicitamos al Gobierno -indican las entidades empresariales- que los ERTE por fuerza mayor de los proveedores de automoción sean aceptados en vista al cierre que han sufrido sus clientes finales, las plantas de fabricación de automóviles, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, que han parado su actividad debido a las roturas de stock que ha provocado la interrupción de la cadena de suministro. Si un solo proveedor, independientemente de su tamaño, no provee en tiempo y forma a una planta de fabricación de vehículos paraliza también al resto de proveedores que suministran a esa misma planta". Además, los proveedores argumentan que sufren un descenso drástico de la actividad en el suministro de componentes en el mercado de recambio por el cierre de talleres.
Efectos del rechazo de ERTE
Los temores de los proveedores se están convirtiendo en realidad con el goteo de ERTE rechazados. El decreto aprobado por el Gobierno establecía como causa de fuerza mayor las "pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria".
Las patronales de vendedores de vehículos de Cataluña (Fecavem) y de talleres de reparación (Fecatra) han pedido a la Administración que se reconozca de forma automática esta causa sin necesidad de solicitar un informe potestativo de Inspección de Trabajo.
Por su parte, fuentes sindicales también han mostrado su preocupación por las interpretaciones que se puedan hacer del decreto que flexibilida los ERTE por fuerza mayor. Por un lado, temen que haya empresas que los puedan aprovechar para tapar otros problemas y aprovecharse de las ventajas pero también tienen miedo de que no se acepte la causa poniendo trabas. Al mismo tiempo, los sindicatos advierten de que existe el riesgo de que se haga una interpretación restrictiva de las ventajas para los trabajadores, como el contador a cero del derecho al desempleo.
Las diferencias entre un ERTE por fuerza mayor y uno por causas económicas y productivas son abismales para empresas y trabajadores. En el expediente por fuerza mayor, el Estado asume el pago del 100% de las cotizaciones de los trabajadores afectados en empresas de menos de 50 empleados y el 75% en las que sn mas grandes, además de la prestación por desempleo, y los trabajadores no gastan días de paro y pueden cobrarlo aunque no tengan la cotización mínima exigida. Además, se puede aplicar con efectos retroactivos desde el día en que empezó el parón. En cambio, en el ERTE por causas económicas y productivas las empresas tienen que pagar las cotizaciones de sus empleados durante la suspensión de contratos, que comienza después de un periodo de negociación de siete días.
