El nerviosismo crece entre los trabajadores de Nissan de Barcelona, que ven cómo avanza la cuenta atrás para el cierre sin tener claro el proyecto de reindustrialización. El proceso de búsqueda de nuevos inversores que recoloquen a los empleados afectados se ha ralentizado en los últimos meses debido a una discrepancia sobre un aspecto clave para la ejecución del acuerdo sobre el cierre: ¿Quién paga los costes de la reindustrialización?
Al comensar su andadura, surgió la sorpresa en la comisión de reindustrialización de las tres fábricas de Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca. Tanto las administraciones (Ministerio de Industria y Generalitat) como los sindicatos interpretaron que la factura de los costes de asesoramiento y consultoría debía correr a cargo de la multinacional japonesa. Pero, según han indicado fuentes próximas a la comisión, Nissan se negó a abonar esos costes añadidos a la abultada factura millonaria que tiene que asumir por el despido de 2.525 empleados y la compensación de proveedores por el ruptura de contratos. De esos afectados, unos 1.000 se prejubilarán, por lo que la reindustrialización tiene como objetivo recolocar a unos 1.500 empleados de Nissan, además de los miles de trabajadores de compañías proveedoras de componentes y servicios.
Plan B de reindustrialización
La negativa de Nissan obligó a poner en marcha un plan B para que el Ministerio de Industria asumiera los costes de la reindustrialización "teniendo que realizar el concurso público al que le obliga la ley", lo que ha provocado "el retraso en la elección de la consultora hasta el mes de enero de 2021", según han explicado los comités de empresa a los trabajadores. Los sindicatos tienen previsto explicar su posicionamiento en una rueda de prensa este martes, aunque advierten que rechazarán el intento de utilizar políticamente y con fines electorales la desgracia de los trabajadores de Nissan".
La vía de Nissan era la preferida por el resto de partes implicadas al considerar que la empresa tenía que asumir los costes y porque era el procedimiento más rápido para contar con los servicios de consultoría. Finalmente, el Ministerio de Industria puso en marcha en noviembre de 2020 el procedimiento de licitación pública, que se cerró el pasado 21 de enero. El proceso se llevó a cabo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que depende del Ministerio de Industria, que recibió ofertas de tres empresas, de las que al final adjudicó el contrato a la consultora KPMG por un importe de 150.000 euros (181.500 euros con IVA incluido) en lugar del precio de salida de la puja de 202.500 euros (245.025 euros con IVA).
Los responsables de la consultora que han asumido la dirección del proceso fueron presentados a las partes en la última reunión de la comisión de reindustrialización y a continuación mantuvieron encuentros con los sindicatos, las administraciones y la empresa para ponerse al día.
Contrato hasta noviembre
La adjudicación tampoco ha estado exenta de controversia ya que ha causado sorpresa entre los sindicatos, que confiaban en que la firma YGroup se llevara el contrato al estar más familiarizada con el proceso. Sin embargo, la mesa de licitación dio más puntuación a KPMG tanto por su precio sustancialmente más bajo que el de YGroup, que ofreció 184.274 euros (222.971 euros con IVA) como por lo que se consideró como mayor detalle en los planes de búsqueda de inversores.
La licitación buscaba la "asistencia técnica de una entidad consultora, con experiencia en el análisis de alternativas de planes de reindustrialización llevadas a cabo por empresas nacionales e internacionales y, especialmente, en el sector de automoción, para la prestación de un servicio de asesoramiento especializado".
La tercera empresa que presentó su oferta al concurso fue Peninsula Corporate Innovation, que fue descartada al considerar la mesa de licitación que no cumplía con los "requisitos mínimos para dar cumplimiento al objeto del contrato".
Con la adjudicación del contrato, KPMG prestará sus servicios a la comisión hasta el 31 de noviembre, un mes antes de que se cumpla la fecha límite acordada para el cierre de las fábricas de Nissan. La comisión estableció en su reunión anterior la fecha del 31 de marzo como límite para recibir proyectos de inversores, entre los que se encontrarían los de una planta de baterías, la contuidad en la producción de la furgoneta e-NV200 y otros vehículos eléctricos, así como otras iniciativas relacionadas con la movilidad.
