La rectificación llevada a cabo por Pedro Sánchez en su programa de 370 medidas en relación con la prohibición de vender coches diésel y de gasolina ha tenido un efecto balsámico en el sector del automóvil. Las asociaciones empresariales han pasado en pocas horas de la preocupación y la indignación a un elogio conjunto de lo que califican como un gesto para combatir la incertidumbre que campa a sus anchas en el mercado automovilístico español. Sin embargo, el plan que quiere aplicar Pedro Sánchez si logra gobernar tiene otras sorpresas.
La medida 199 del programa diseñado por el líder del PSOE para conseguir apoyos a su investidura como presidente del Gobierno expresa el compromiso de Sánchez de impulsar un nuevo impuesto sobre el CO2. "Promoveremos el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo", indica el texto de la medida.
En el apartado de fiscalidad del programa, también se anuncia la revisión de los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para "avanzar en su armonización, en su eficacia y en la coherencia con las políticas de transición ecológica".
Impuesto del CO2 en Cataluña
El anuncio de estas medidas fiscales del PSOE llega cuando la Generalitat de Cataluña tiene en fase de preparación su propio impuesto sobre el CO2 para los vehículos, que se incluye en la ley de emergencia climática de la autonomía que fue recurrida en el Constitucional por el Ejecutivo central.
Actualmente, las emisiones de CO2 es el criterio en el que se basa el impuesto de matriculación, que está aumentando su recaudación debido al aumento de las ventas de coches de gasolina y SUV.
A pesar del anuncio de un nuevo impuesto sobre el CO2, las principales asociaciones del sector de automoción español han valorado positivamente la rectificación del Gobierno en la medida 256 de la 'Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista' que, en un principio, recogía la prohibición de la venta de turismos y vehículos comerciales de gasolina, diésel, de gas y también híbridos desde 2040.
De este modo, fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto), vendedores (Ganvam), importadores (Aniacam) y proveedores (Sernauto) entienden que la nueva redacción, que descarta una prohibición expresa, sí va en línea con el trabajo realizado por el Ejecutivo de cara a diseñar un plan para la automoción con medidas estratégicas que avancen en la transformación del sector, tanto a nivel industrial como de mercado.
Medidas de apoyo al sector
Tras la modificación del apartado, incluido en las propuestas del PSOE a Podemos para negociar un Gobierno progresista, el partido de Pedro Sánchez habla de medidas necesarias para que, "no más tarde" de 2040, los turismos y vehículos comerciales tengan unas emisiones de cero gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro.
"El sector al completo necesita medidas que favorezcan la competitividad industrial, que atraigan nuevos modelos e inversiones y que fortalezcan el mercado de cara a aumentar las ventas de los vehículos más eficientes. Por eso, resalta positivamente estas conversaciones para llegar a un acuerdo marco favorable, que refuerce la competitividad del país en la transición de la movilidad del futuro", reclaman.
Además, aseguran que el establecimiento de límites intermedios de cara a conseguir la descarbonización del parque automovilístico en 2050, como establece la Unión Europea, supone dar "estabilidad y certidumbre" tanto a los fabricantes de vehículos y componentes como a la distribución y a los compradores.
Transición ordenada
En este sentido, insisten en que la sociedad necesita "certidumbre" y saber que la transición en España hacia una movilidad sostenible se llevará a cabo de manera "ordenada y equitativa", teniendo en cuenta sus necesidades y siempre acorde a un calendario "realista" en cuanto al desarrollo y "mejor aprovechamiento" tecnológico de los vehículos.
"La completa oferta actual de los vehículos nuevos, con todas las tecnologías, juega un papel esencial en este proceso, ya que cumplen la normativa de medición de emisiones más exigente del mundo. De este modo, los compradores pueden estar seguros de que pueden resolver sus necesidades de movilidad a través de cualquiera de las tecnologías disponibles actualmente en el mercado", subrayan.
Rectificación rápida
El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, resalta la "agilidad" con la que el Gobierno introdujo la modificación de la propuesta (horas más tarde), mostrando su plena colaboración al Ejecutivo y a la sociedad para conseguir la descarbonización del parque en 2050 y la transformación hacia una nueva movilidad.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, señala que la "mejor manera" para acabar con la incertidumbre de los compradores es que el sector trabaje "mano a mano" con el Gobierno. "Hay que dejar de hablar de prohibiciones si no hay en la actualidad una alternativa. No podemos desviarnos de esta línea porque nos jugamos mucho", apunta.
"Con esta rápida rectificación se está reconociendo que una estrategia medioambiental basada en la prohibición retrae la decisión de compra y confunde al usuario, contribuyendo a aumentar la antigüedad del parque y por tanto, consiguiendo el efecto contrario al que se persigue. Así, se está dando un mensaje de tranquilidad muy necesario para la sociedad y el sector, lo que dará un impulso al mercado, traduciéndose en una renovación paulatina del parque", prosigue la directora general de Ganvam, Ana Sánchez.
Tranquilidad para el mercado
En la misma línea, el secretario general de Aniacam, Víctor García, indica que es "importante" que el Ejecutivo tranquilice a los compradores instándoles a cambiar los viejos vehículos por otros más modernos.
"Es positivo que se haya rectificado, pues el texto inicial se contradecía con lo trabajado durante la legislatura con el Ministerio de Industria (Comercio y Turismo) y, además, iba en contra de lo estipulado por la Unión Europea. La industria de componentes de automoción está plenamente comprometida con la descarbonización pero siempre respetando el criterio de neutralidad tecnológica y de una forma progresiva y ordenada, donde no se penalice ninguna tecnología pues todas ellas son claves para cumplir con los objetivos de emisiones y garantizar la movilidad de personas y mercancías", sentencia el director general de Sernauto, José Portilla.
