El cierre de las tres fábricas de Nissan en Cataluña supone el camino más costoso, largo y complicado como demuestran los estudios de los escenarios que tenía sobre la mesa la dirección de la multinacional. El anuncio de la "intención de cerrar" la planta de Barcelona supone despreciar unos 70 millones en ayudas públicas que habían prometido las administraciones para lograr una inversión de 398 millones de euros para producir un nuevo coche eléctrico. El apoyo público suponía el 17% de la inversión.
El sacrificio laboral para llevar a cabo el escenario de salvación de la factoria suponía un nuevo recorte de plantilla de 500 empleados que se suma a los 600 que han dejado la planta en el último año, según la información publicada por La Vanguardia. El coche por el que pugnaba Barcelona hasta antes de la llegada de la pandemia era el nuevo Nissan Ariya, un nuevo SUV eléctrico compacto que la compañía tiene previsto comercializar en Europa.
La reducción de plantilla reduciría los costes fijos que tendría que soportar Nissan en el futuro y que ahora se encuentran en unos 210 millones al año, de los que 174 millones corresponden a sueldos y cotizaciones y 18 millones por el alquiler a precio bonificado de más de 500.000 metros cuadrados al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Indemnizaciones por despido
En cambio, Nissan ha optado por poner en marcha el escenario del cierre, con un coste estimado de 1.450 millones sumando indemnizaciones a personal y proveedores, amortizaciones anticipadas, transferencia de maquinaria y devolución de subvenciones. La cifra supera incluso los 1.000 millones que había indicado Raül Blanco, secretario general de Industria del Gobierno, como coste estimado del cierre de la fábrica de Nissan de Barcelona.
Las indemnizaciones a los aproximadamente 3.000 trabajadores ascenderían a 600 millones de euros, lo que da una media de 200.000 euros por persona partiendo de la base de que la empresa acabará aceptando compensaciones altas por encima del mínimo legal y contando también el efecto en la media de los despidos de los directivos. Además, la empresa tendría que asumir el coste fiscal de las amortizaciones anticipadas, de unos 310 millones, y otros 100 millones por el reacondicionamiento de los terrenos.
Además, habría que sumar 190 millones de costes indirectos, lo que incluye el retorno de subvenciones por 100 millones, la indemnización a proveedores de primer nivel (50 millones) y otros conceptos como la transferencia de maquinaria.
A toos esos costes habrá que añadir las repercusiones del conflicto laboral, que se prevé duro y complicado, en la imagen de la marca y en sus ventas en España, que ya estaban sufriendo con anterioridad una importante caída muy superior a la del mercado.
