Industria

Nissan ningunea y desafía al Parlament con un plante

Los directivos citados en la Cámara no acudirán a dar explicaciones sobre 3.000 despidos y pueden enfrentarse a un delito de desobediencia

Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europa / NISSAN

Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europa / NISSAN

Toni Fuentes

27.06.2020 19:56h

3 min

El Parlament de Cataluña tiene programada una sesión de debate sobre la crisis de Nissan y el anuncio de cierre de las tres fábricas de la provincia de Barcelona a la que no asistirán los protagonistas. La dirección de Nissan ha comunicado al Parlament que no asistirán los directivos citados alegando que están pendientes de presentar el ERE e iniciar formalmente la negociación del cierre y el despido de 3.000 empleados. 

Se trata de otra muestra más de la profunda desconexión existente entre la multinacional japonesa y las administraciones e instituciones locales después de anunciar que se va y pone fin a un periodo de más de 40 años en Nissan Motor Ibérica. Este lunes día 29 de junio estaban citados a comparecer en la Comisión de Empresa del Parlament la plana mayor actual de Nissan en España y Europa, encabeada por Frank Torres, designado como negociador del cierre, y Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europa, así como el director de Relaciones Institucionales de Nissan en España, Juan Luis Pla de la Rosa, y Genís Alonso, el anterior director de Nissan Motor Ibérica destituido justo antes de anunciar el cierre.

Comparecencias aprobadas el 11 de junio

En el orden del día de la comisión siguen apareciendo las comparecencias de esos directivos a pesar de que la compañía ha comunicado al Parlament que no acudirán a la cita alegando que han sido avisados con poca antelación y que tienen que dar las explicaciones del ERE al comité el día después. 

La compañía ha recibido la citación este mismo viernes y ha trasladado a la Cámara catalana que no atenderán a la petición de comparecencia porque entienden que antes deben explicarse ante la representación social, según ha explicado TV3. Fuentes de la empresa indicaron que la compañía no cierra la puerta comparecer ante el Parlament en un futuro. El plazo de negociación del ERE finalizará a final de julio con la previsión de comunicar los despidos a principios de agosto, en plenas vacaciones de la plantilla.

Sin embargo, la versión alegada por la empresa no coincide con los trámites que han seguido las citaciones en el Parlament. El proceso se inició el día 11 de junio con la aprobación de la solicitud de comparecencia y el acuerdo para pedir explicaciones a la dirección de Nissan fue publicado en el Boletín Oficial del Parlament el día 18 de junio

Posible delito de desobediencia

En la misma sesión del lunes tendrá lugar la votación de la solicitud de comparecencia de los representantes de los comités de empresa de las plantas afectadas por el cierre a propuesta de todos los grupos parlamentarios. La Cámara aprobó por unanimidad la convocatoria de un pleno dedicado al futuro de Nissan después de haber hecho una declaración en la que manifestó su apoyo a los trabajadores de Nissan afectados por el cierre de las plantas de Barcelona, y pide a la dirección que tome decisiones que permitan mantener el empleo directo e indirecto del conjunto de los trabajadores, "atendiendo a las enormes consecuencias sociales que el cese de la actividad puede tener".  

La decisión de Nissan de ningunear al Parlament catalán puede acarrear problemas legales a los directivos. Hasta ahora, solo algunos dirigentes políticos habían desafiado a la Cámara desoyendo la citación, ante lo que el Parlament recordó que la mesa tendrá que dar cuenta al ministerio fiscal "a los efectos de substanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder". Las personas citadas en las Cortes generales o en un parlamento autonómico pueden ser acusadas de un delito de desobediencia, según lo estipulado en el Código Penal.

Desde que Nissan anunció que cierra todas sus plantas en Barcelona, Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac, los representantes del Ministerio de Industria, la Generalitat y el Ayuntamiento han criticado con más dureza a la compañía por las formas de la comunicación de la medida (por videollamada en pleno estado de alarma) y por no haber querido negociar la alternartiva de inversión presentada, que preveía unas ayudas públicas de másd e 70 millones de euros.

 

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