Los sindicatos de Nissan han centrado una buena parte de su estrategia para intentar frenar el ERE de cierre de las plantas de Barcelona en la derogación de una parte sustancial de la reforma laboral. Sin duda, la autorización administrativa previa de los ERE supondría una cortapisa importante a las intenciones de Nissan de despedir a 2.525 empleados. Pero hay otra posibilidad legal y económica que podría resultar igual o más efectiva para conseguirque se haga realidad el lema que corean los trabajadores en sus manifestaciones de "Nissan no se cierra".
Quizá la alternativa lanzada por algunos dirigentes políticos de modo algo demagógico de "nacionalizar" la Nissan no es tan descabellada en la coyuntura actual. El Gobierno se ha propuesto rescatar a compañías en apuros en función de su "importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la empresa, por su relación con la salud y la seguridad pública o su carácter tractor sobre el conjunto de la economía, su naturaleza innovadora, el carácter esencial de los servicios que presta o su papel en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica, la digitalización, el aumento de la productividad y el capital humano".
Requisitos del fondo de rescate
Así explica el Gobierno las condiciones para elegir dónde invertirá el nuevo fondo de rescate creado con motivo de la crisis del coronavirus y dotado inicialmente con 10.000 millones de euros. De esos requisitos que explicitaba el Ministerio de Hacienda, que controla el fondo a través de la vieja SEPI, la fábrica de Barcelona de Nissan cumple varios de ellos de forma clara. Tiene una importancia estratégica en el sector de automoción, actúa de tractor de la actividad económica con decenas de proveedores de componentes y servicios que dan trabajo a unos 20.000 empleados y tiene un papel relevante en la transición ecológica como fabricante de un vehículo eléctrico.
De momento, otras compañías como Iberia o Duro Felguera son candidatas a recibir inversión o préstamos participativos del nuevo fondo de apoyo a empresas estratégicas con motivo del Covid-19. L.a situación sería similar aunque mucho más acotada que las ayudas en forma de préstamos que ha dado el Gobierno francés a Renault para que pueda superar los graves problemas por los que atraviesa.
Adelantar 400 millones de inversión
En el caso de la fábrica de Barcelona, la opción sobre el papel sería que el Estado adelantara toda o una parte importante de la inversión de unos 400 millones para producir el nuevo Nissan Ariya, el primer SUV eléctrico de la marca. Ese modelo ayudaría a mejorar las cifras de producción de las instalaciones de Barcelona, que antes de la pandemia se encontraban en un 20% de su capacidad productiva.
De esos 400 millones, las administraciones ya estaban dispuestas a sufragar más de 70 millones mediante ayudas y financiación blanda. A cambio del rescate, el Gobierno entraría en el capital de Nissan Motor Ibérica, la filial industrial para España de Nissan, durante un periodo limitado a la espera de que la planta barcelonesa lleve a cabo su reconversión y la multinacional japonesa recupere el 100% del capital.
Bien mirado, esta operación mediante el fondo de rescate Covid sería una nacionalización 'sui generis' adaptada a las circuntancias y con riesgos limitados tanto para el Estado como para la compañía. Tiena razón la ministra de Industria, Reyes Maroto, cuando decía que, antes del cierre, "siempre es mejor dejar paso a un nuevo inversor". Ese nuevo inversor podría ser el Estado. ¿Por qué no explorar ese camino?
