El Gobierno central en funciones y el Ejecutivo de las Baleares han negociado una tregua en la ley autonómica que prohíbe los coches diésel en las islas a partir de 2025. El secretario general de Industria en funciones, Raül Blanco, ha anunciado que confía en que las negociaciones en marcha entre los dos gobiernos culminen próximamente con una suspensión de una polémica normativa que ha sido cuestionada por Madrid, Bruselas y por el sector del automóvil.
Las negociaciones mantenidas en las últimas semanas en una comisión bilateral creada como paso previo a un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional han girado alrededor de una suspensión temporal o moratoria de la ley balear contra la contaminación que se tendría que aprobar por el Parlamento de la comunidad.
Ley de Cambio Climático
El objetivo es, según ha dicho Raül Blanco en una jornada en IESE, que "Baleares deje en suspenso las medidas a la espera de un marco general" sobre transición energética. La ley española de cambio climático quedó sin aprobar debido a la convocatoria de elecciones y a la disolución de las Cortes. En esa norma, el Gobierno d Pedro Sánchez situaba en 2040 la prohibición de vender coches de combustión interna y en 2050 el veto a su circulación.
"Creemos que es más efectivo y positivo si las normativas autonómicas van coordinadas con una ley general para toda España", ha aegurado Blanco en declaraciones a la prensa en el encuentro de IESE.
El anuncio del secretario general de Industria en funciones ha sido bien recibido por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (Anfac). "La suspensión de la ley balear sería muy importante. Se requieren políticas europeas y planetarias contra el cambio climático. No es bueno incluir elementos regionales", ha afirmado Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, en el mismo encuentro que tiene lugar en Barcelona.
Más coches viejos en Baleares
Anfac había recurrido la normativa balear al considerar que tiene un impacto negativo en el medio ambiente, que ya se ha empezado a ver con la reducción de las ventas de vehículos nuevos y un incremento del 14% de los turismos de más de 20 años como alternativa barata a la movilidad para esquivar las restricciones.
En la misma línea, tanto Blanco como Armero han criticado el nuevo impuesto sobre el CO2 que quiere empezar a cobrar la Generalitat catalana a partir de 2020 al considerar que tendrá efectos negativos al distorsionar el mercado y provocar deslocalizaciones de matriculaciones.
