La abolición de la reforma laboral puede ser la mejora manera de frenar el cierre de la fábrica de Nissan de Barcelona. Así lo creen los sindicatos, que en las últimas movilizaciones han reclamado al Gobierno y a los partidos políticos que vuelvan a instaurar la autorización previa de la Administración de los expedientes de regulación de empleo (ERE), lo que permitiría a la Generalitat bloquear los 3.200 despidos directos por el cierre de las plantas de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. Pero se debería aprobar de forma urgente, antes de que Nissan presente el ERE.
La Federeación de Industria del sindicato USO ha registrado en el Ministerio de Trabajo una solicitud para que se modifique el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores "para que la Autoridad Laboral pueda recuperar las competencias que le fueron usurpadas con la Reforma Laboral, que permita de nuevo la pertinente tramitación y autorización administrativa en los despidos colectivos", según explica USO.
Compromiso del PSOE
Con este cambio legislativo para dar marcha atrás a uno de los puntos clave de la reforma laboral que se aprobó en 2012 con los votos del PP y de CiU, el sindicato SIgen-USOC, la sección sindical de USO en Nissan, y la federación de Industria consideran que los 3.200 empleados de las fábricas amenezadas y los 25.000 trabajadores de proveedores tendrán al menos la garantía de que la autoridad laboral examinará con lupa, palabra por palabra, las causas que intentará alegar una multinacional como Nissan que lleva años gozando de privilegios en forma de subvenciones en España".
El sindicato justifica la abolición de este punto de la reforma laboral por el compromiso adoptado por el PSOE con varios grupos parlamentarios que compromete al Gobierno a deregar el texto del Ejecutivo de Mariano Rajoy o a "eliminar los efectos más lesivos de la misma". "Entendemos que no hay nada más lesivo que lo descrito anteriormente, por ello el Ministerio de Trabajo debe actuar ya y corregir esta situación, no sólo por el futuro de la plantilla de Nissan y de su industria auxiliar, sino también por el conjunto de trabajadores y trabajadoras de todo el país”, ha indicado Miguel Ruiz, secretario general de Sigen-USOC en Nissan.
“Necesitamos seguridad jurídica, y tratar de frenar el desempleo masivo a través de los despidos colectivos, por eso es fundamental que el Gobierno modifique el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Trabajo”, concluyó Pedro Ayllón, secretario general de FI-USO.
Más poder a las empresas
La derogación de la reforma laboral se convirtió también en protagonista de la última movilización en contra del cierre de Nissan en Barcelona, con la petición del comité de empresa para que la Administración vuelva a tener el control previo de los ERE. La petición se hizo ante Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y bien relacionada con el vicepresidente Pablo Iglesias, de Unidas Podemos.
Desde la reforma laboral que capitaneó la entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez, la autoridad laboral perdió la competencia que tenía de autorizar o denegar los ERE, que tenían que comunicarse a la Administración para tramitar el permiso imprescindible. Con la modificación normativa, las empresas ganaron poder al no necesitar esa autorización previa de la Administración, que se limita a hacer un control de legalidad a posteriori, es decir, que no imcumpla de forma flagrante alguna ley o bien que contenga un defecto de forma.
