El Gobierno español se ha alineado en el bando de los países más inflexibles con la lucha contra los vehículos de combustión interna. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que España, el segundo país en producción de vehículos de Europa, respaldará la propuesta de 2035 como fecha para prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en la Unión Europea. El Ejecutivo español descarta así sumarse a los países que piden plazos menos estrictos en defensa de la industria de automoción, entre los que se encuentran Alemania, Portugal e Italia.
"España apoya el 2035. Un grupo de Estados miembros aboga por adelantarlo a 2030 y Alemania e Italia no piden una extensión, sino que están sugiriendo propuestas para flexibilizar algunos aspectos", ha señalado Ribera ante la prensa a su entrada al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, en el que debatirán el paquete con el que el bloque actualizará su legislación en materia climática, llamado 'Objetivo 55'.
Cambio de posición del Gobierno
La ministra para la Transición Ecológica ha resaltado que "no hay una oposición a 2035" y ha apuntado la importancia de "mandar mensajes claros" ya que se está planteando una transformación para "una de las industrias más importantes de Europa" y con "mayor impacto para los consumidores". Ribera defendió con anterioridad el plazo de 2040 para vetar la venta de coches de combustión, tal como aprobó la UE en la normativa que ahora se pretende cambiar.
Ribera ha tildado de "determinante" apostar "por política industrial en este campo" y respaldar estas fechas para que la industria europea "pueda transformarse" y "acomodar el modelo productivo". En este sentido, la ministra ha abogado por "organizar la producción" y ha apuntado que las marcas de la industria del automóvil "ya están en esta transformación", por lo que ha insistido en tener claras las fechas finales. Ribera ha puesto sobre la mesa que, en paralelo, hay un debate sobre cómo pueden producirse combustibles que sean neutros en emisiones de CO2 o sintéticos, una cuestión "secundaria" que genera "discrepacias entre algunos Estados miembros".
La semana pasada, en una reunión a nivel de embajadores, Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia presentaron una propuesta para aplazar cinco años el fin de los turismos y furgonetas con motor de combustión, hasta 2040. Estos cinco Estados miembros plantean un objetivo de reducción de emisiones del 90% en 2035 y del 100% en 2040. En el caso de los vehículos comerciales ligeros han propuesto que los objetivos de reducción de emisiones se fijen en el 45% para 2030, el 80% para 2035 y el 100% en 2040.
Trámites pendientes de la norma
También Alemania ha manifestado su rechazo a esta fecha límite en 2035 pues, la semana pasada el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, tildó la propuesta de "decisión equivocada", adelantó que Alemania no iba a respaldar la propuesta de prohibir los vehículos con motores de combustión y lamentó que no se plantee el uso de tecnología para reducir emisiones. Sin embargo, la decisión sobre la propuesta corresponde al ministerio de Medio Ambiente, que controlan los Verdes.
La afirmación de Teresa Ribera supone que el Gobierno español hace caso omiso a las peticiones formuladas por la mayoría de las patronales de movilidad, automóvil y transporte españolas, que alertaron de los peligros de adelantar a 2035 la finalización de las ventas de vehículos con emisiones de CO2. Sin embargo, los fabricantes de Anfac no secundaron esa petición. El grupo Stellantios ha anunciado su abandono de la patronal europea de productores de vehículos (Acea) al desmarcarse de su labor como lobby.
La propuesta europea fue aprobada el pasado 8 de junio en el Parlamento Europeo, en línea con lo planteado por el Ejecutivo comunitario en julio del año pasado, que fijó que "todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones". Tras determinar la posición de los Veintisiete en el encuentro de ministros de este martes, empezarán las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo antes de que se acuerde una norma definitiva
