La Comisión Europea acaba de ser vapuleada en público. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llega a conclusión de que Bruselas cometió, como mínimo, una chapuza al aprobar una autorización excepcional para que los coches puedan superar en 2,1 veces los valores máximos de óxido de nitrógeno (NOx). Los jueces que han dado la "victoria a las ciudades" de Madrid, París y Bruselas que recurrieron la normativa han aflorado también viejas prácticas de permisividad con el sector de automoción que ya están en vías de extinción ante el rápido giro de la presión sobre los fabricantes de automóviles en un asunto tan sensible como el de la contaminación.
La chapuza de la Comisión Europea que ha anulado una sentencia del TJUE está en el hecho en sí mismo de enmendar el reglamento que ella misma aprobó unos años antes autorizando a las marcas a contaminar 2,1 veces más del límite de NOx, pero también fue chapucero el momento elegido para ello, un año después de que estallara el 'dieselgate'. La excusa fue la introducción del nuevo test de conducción real (RDE) con el que Bruselas respondía al impacto en la opinión pública de las trampas de Volkswagen y otros fabricantes y un supuesto riesgo a desviaciones en las mediciones de las pruebas.
Pues bien, resulta que los magistrados no se creen ni una palabra. "Todo ello lleva al Tribunal a dudar de que la referencia de la Comisión a posibles errores de naturaleza estadística resulte fundada. Los elementos que ha puesto de relieve la Comisión parecen poner en cuestión la aptitud de los ensayos de RDE para reflejar la realidad de la conducción en carretera. Pues bien, sin erigirse en experto técnico, el Tribunal observa que los ensayos de RDE se han «madurado» durante mucho tiempo", afirma con rotundidad la sentencia en un bofetón en toda la cara de los burócratas europeos.
Más presión sobre las marcas
Las ciudades que impugnaron el "permiso para contaminar" introducido por la Comisión Europea en 2016 lo vieron como un hecho escandaloso que dejaba sin efecto las normativas anteriores de reducción de los valores de emisiones de gases y, de paso, las disposiciones municipales para reducir los graves problemas respiratorios causados por la polución del NOx.
Las alcaldesas de París y Madrid y el alcalde de Bruselas han actuado por su cuenta ya que los Estados de los que forman parte constituían entonces una pinza, junto a Alemania principalmente, para conseguir que Bruselas suavizara los límites de emisiones impuestos a la industria de automoción establecida como un importante lobby en la capital europea. Pero desde el 'dieselgate' de 2015, las viejas costumbres están cayendo en desuso ante la presión pública que ha llevado a los gobiernos a ser más exigentes y a las marcas a ser más proactivas en la transformación para reducir las emisiones.
La chapuza de la Comisión Europea de 2016 sería difícilmente reproducible hoy en día por fortuna para todas las partes implicadas, ciudadanos, ciudades, gobiernos, sector y Bruselas. El resultado de aquella chapuza es que el sector ha recibido otra sacudida que lo pone todavía más patas arriba y que ahonda en un déficit de credibilidad del poder legislativo y de la propia industria en relación con los esfuerzos por luchar contra la contaminación.
