El Centro de Formación profesional de Automoción (CFPA) de Martorell reabrirá sus puertas a partir de otoño a pleno rendimiento. Esa es la previsión manifestada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una visita a las instalaciones, que han estado seis años bloqueadas por las discrepancias internas del Govern.
A partir de otoño de 2019, con la puesta en marcha del nuevo curso escolar, el centro de FP del automóvil de capital público comenzará una nueva etapa gracias al acuerdo para redefinir su papel y sus órganos de dirección y control con un gestor profesional. En lugar de los varios cientos de alumnos testimoniales que ha acogido el centro en lo últimos años, las aulas acogerán a más de 15.000 personas cada año, según ha anunciado la Generalitat.
Esa cifra equivale a que, por fin, el centro estará a pleno rendimiento. Torra se ha congratulado de que "después de seis años" se haya llegado a un compromiso que "une dos prioridades del Govern, el sector de automoción y la formación profesional". El acuerdo alcanzado entre los departamentos de la Generalitat que intervienen y los agentes sociales y económicos del sector hará posible, según Torra, que "el centro pueda seguir adelante con ambición y con todo el talento y la voluntad de convertirse en un centro de referencia a nivel europeo".
Visita con aire de reinauguración
Torra ha hecho estas declaraciones durante una visita al centro que ha tenido un aire de reinauguración después de que la propia Generalitat haya tenido el centro al ralentí generando la indignación y desesperación de la industria y del Ayuntamiento de Martorell. El acuerdo ha paralizado el expediente iniciado por el Ayuntamiento para recuperar el terreno que cedió para construir el centro debido a su infrautilización.
El acuerdo para resucitar el centro de FP prevé la unificación de cursos reglados, de reciclaje de empleados y para desempleados, aunque las instalaciones seguirán dependiendo del 'conseller' de Treball, Chakir el Homrani. El Govern subcontratará la gestión del centro a un operador especializado y ha reformulado los órganos de control y seguimiento, en los que han entrado los sindicatos además de las patronales y en los que la Administración autonómica se garantiza una amplia mayoría ampliando su representación.
