El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado ha superado ya otro trámite importante antes de que se convierta en una realidad. La Comisión Europea ha aprobado ya una asignación de 3.000 millones de euos para la parte más importante del plan, que incluye todo el ciclo de la movilidad eléctrica con una planta de baterías de gran capacidad en España.
Esos 3.000 millones serán financiado por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) que puso en marcha la UE en respuesta al impacto económico de la pandemia. Las ayudas, según un comunicado del Ejecutivo comunitario, servirán para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como las medidas de protección del medio ambiente y de eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados. De la misma forma, acelerarán la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada, "sin distorsionar indebidamente la competencia".
Negociación con Bruselas
La Comisión Europea ha tenido en estudio el PERTE durante varias semanas en las que ha estado negociando con el Gobierno español algunos aspectos clave para su puesta en marcha, como los límites a las subvenciones que recibirán las empresas adjudicatarias y las garantías de que habrá competencia. Una vez logrado el visto bueno de Bruselas, el Gobierno español tiene previsto aprobar la convocatoria pública de las ayudas antes de finalo de año, según ha anunciado.
El PERTE del vehículo eléctrico y conectado tiene una inversión prevista total de 24.000 millones para el periodo 2021-2023. Contará con una contribución pública de 4.300 millones y el Gobierno prevé movilizar inversiones privadas por importe de 19.700 millones, con el objetivo crear el ecosistema necesario para la fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el 'hub' de Europa de electromovilidad.
Subvenciones y préstamos
Las ayudas, que se concederán mediante un proceso de selección competitivo y en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes en condiciones favorables, están abiertas a consorcios de empresas, establecidas tanto dentro como fuera de España. Cada consorcio incluirá empresas activas en distintos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios deberán ser pequeñas y medianas empresas (pymes).
"Este plan español de 3.000 millones de euros contribuirá a hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo", comentó la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
