El plan de 370 medidas presentado por Pedro Sánchez como su programa de Gobierno en el caso de consiga la investidura incluye un apartado con varias propuestas para reducir las emisiones e impulsar una movilidad más ecológica. Una de ellas era el veto a la venta de coches diésel y de gasolina a partir de 2040, tal como ya estaba previsto, aunque unas horas después fue suavizada en respuesta a las críticas del sector. Entre las medidas novedosas se encuentra la puesta en marcha de una línea de financiación de proyectos de desarrollo de baterías para vehículos eléctricos.
El ganador de las últimas elecciones y candidato in pectore para un segundo intento de investidura ha desvelado este martes las 370 medidas, que incluyen algunas viejas propuestas del Gobierno del PSOE que quedaron en pausa por la convocatoria anticipada de elecciones generales. Se trata de los planteamientos de la Ley de Movilidad Sostenible, con el veto a la venta de coches de combustión interna a partir de 2040, una posibilidad recientemente cuestionada por la Comisión Europea.
Rectificación en unas horas
Pero el redactado inicial de la medida número 256 sufrió una modificación por la tarde con una nueva formulación que hacía equilibrios entre la propuesta ecologista para convencer a Podemos y la oferta de diálogo al sector: "En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, adoptaremos las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i".
La rectificación ha sido calificada de "muy oportuna" por la Asociación de Fabricantes de Automóviles (Anfac) ante la preocupación generada en el sector. Poco antes, Faconauto tachó de "irresponsabilidad" la prohibición de venta de diésel y gasolina a partir de 2040 teniendo en cuenta el cuestionamiento de la Comisión Europea. Para Ganvam, la prohibición inicial "no es coherente" y empeora el parón de las compras de turismos.
El plan de Sánchez prevé el compromiso de establecer "una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar en España nuevas tecnologías de baterías". Con esta medida, el Ejecutivo pretende afrontar una de las debilidades de la industria de automoción de España y de toda Europa, que consiste en la falta de capacidad de desarrollo y producción de baterías en un mercado que stá en manos de multinacionales chinas, japonesas y coreanas.
Expectativas del sector
La medida para impulsar las baterías en enmarca en el acuerdo non nato del Gobierno con el sector del automóvil para "facilitar su transformación y potenciación, conforme a las nuevas exigencias de producción de vehículos cada vez menos contaminantes, de forma que dicha actividad pueda seguir realizándose en nuestro país con criterios de sostenibilidad".
? @sanchezcastejon: Ofrecemos un Pacto de Programa y de Gobernanza al servicio de una España que merece avanzar y no retroceder.
— PSOE (@PSOE) September 3, 2019
Y que no traicione las esperanzas de tanta gente que quiere progreso frente a involución.#ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/Csj8JaNUIT
Las expectativas del sector del automóvil con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez se ven parcialmente satisfechas con algunas peticiones que, de momento, no aparecen en los compromisos con los que Pedro Sánchez quiere conseguir apoyos para su investidura como presidente del Gobierno.
Sin ayudas a diésel y gasolina
Sánchez ha anunciado un plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos "estable e ininterrumpido" para evitar los tirones y arranques de las ventas en función de la disponibilidad de fondos que denuncia el sector. Sin embargo, el plan deja fuera los incentivos para la renovación de los coches de diésel y gasolina más viejos que también reclaman las organizaciones empresariales y sindicales.
Al mismo tiempo, se propone la extensión obligatoria de las zonas de bajas emisiones como Madrid Central a municipios de más de 50.000 habitantes. Sánchez ya esgrimió esta medida en su discurso de investidura de julio en plena polémica por la intención del nuevo Ejecutivo de Madrid de parar las restricciones de tráfico, que finalmente fueron avaladas por la justicia.
